Desde la Constitución de 1853 Argentina adoptó el sistema federal de gobierno, por lo cual los poderes institucionales se establecen en tres niveles: Nacional, Provincial y Municipal. Se distribuyen así las funciones gubernamentales y administrativas, pero también lo que se recauda en materia de impuestos. Esa distribución desde la Nación a las Provincias, y de éstas a los municipios, se realiza desde 1935 a través, principalmente, de lo que se denomina ahora coparticipación federal de los impuestos nacionales. Lo que corresponde a cada segmento se fue estableciendo en las últimas décadas mediante pactos fiscales entre la Nación y las provincias.

Ahora bien, la Constitución Nacional en su articulo 75 establece no sólo que las provincias deben tener aseguradas automáticamente las remesas de los montos correspondientes, sino que advierte que ésta distribución deberá ser equitativa, solidaria y procurar la “igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. Y ahí está la madre del borrego. Las cláusulas constitucionales jamás llegaron a cumplirse, sencillamente porque todo lo que significa impuestos, lo que es coparticipación y lo estrechamente vinculado a la distribución de ingresos, es cuestión política a la enésima potencia, es cuestión de lucha de clases, es supervivencia o no de un sistema, es relación de fuerzas. Y los que tienen la sartén por el mango no son precisamente los trabajadores sino el gran capital.

Veamos, si no, la historia argentina. La apropiación de las rentas fiscales ha sido motivo esencial de disputas y guerras internas en las épocas de enfrentamientos entre federales y unitarios. Jamás la oligarquía y los intereses financieros foráneos han dejado de cinchar en esta pugna, aún en nuestros días. Cada pacto fiscal ha sido una pelea por la apropiación de beneficios. Porque detrás de ellos, entre bambalinas, se han movido transas políticas, complicidades entre los poderes políticos y el capital concentrado, luchas feroces para anular o aplicar impuestos a favor o en contra de determinado segmento y, especialmente en las décadas recientes, por la influencia decisiva del poderoso sector financiero internacional con sus cláusulas sobre deuda externa que han determinado que en épocas de la dictadura genocida y en la del menemato, el pago de los compromisos con la banca vinculada al FMI, BID y Banco Mundial recayeran sobre las provincias que han visto así disminuir drásticamente sus ingresos por coparticipación. De esta manera, el federalismo no ha sido más que una ficción.

Pan para hoy, hambre para mañana

Hoy se habla una vez más de concretar otro pacto fiscal para encontrar fórmulas de una mejor distribución de ingresos coparticipados. Esta esperanza, sin embargo, se hace más distante si partimos del hecho que nuevamente desde el Estado nacional se pretende volver al círculo perverso del FMI que permita “platita dulce” para hoy, pero más hambre para mañana. Es historia conocida.

Pero hagamos algunas referencias comparativas. Durante el trienio de la administración justicialista de la Nación (1973/75) se incrementó la coparticipación automática a favor de las provincias, alcanzando durante 1975 al 52,4 por ciento de la recaudación total de impuestos nacionales.

Pero con Martínez de Hoz, en los años de la dictadura genocida instalada en 1976, comenzó a reducirse fuertemente esta participación provincial ubicándose hoy en alrededor del 30%. De todas maneras, a través de otros mecanismos distintos a los de la coparticipación, el Ejecutivo nacional ha ido trasfiriendo fondos, no sujetos a reglas preestablecidas, los cuales no hacen variar los conceptos de fondo.

Tal situación provocó que el Estado Nacional se haya convertido en el principal acreedor de una creciente deuda de las provincias, estimada en alrededor de 80.000 millones de pesos.

Evidentemente, una de las provincias más perjudicadas por esta concentración de la recaudación es la de Buenos Aires que hoy aloja en el conurbano a más de 10 millones de habitantes con dramáticos cuadros de miseria y marginación social, alberga casi el 40 por ciento de la población y de la pobreza total del país, registra elevados índices de carencia de servicios básicos como agua potable y cloacas; además aporta más del 35% del PBI nacional. Sin embargo, apenas recibe el 21% de los menguados fondos coparticipados.

En fin, cada provincia puede mostrar también cuotas de injusticia distributiva. Sin embargo, caeríamos en facilismos o falsas conclusiones si dijéramos que la lucha es simplemente entre Nación y Provincias. Esa pugna existe, pero la mayoría de las veces está mitigada por coincidencias de ambas partes en definiciones neoliberales. En cambio, en los resultados de esos “pactos fiscales” se refleja de un modo u otro la pelea verdadera, la de fondo, que es entre el interés del pueblo trabajador, por un lado, y los del capital concentrado, la oligarquía y los intereses financieros, por el otro. Y son estos últimos los que van ganando en la porfía.

Es decir, el combate por quien se queda con la mejor porción de la torta, se da asimismo en la distribución de la coparticipación y, sobre todo, en la recaudación impositiva, en qué se distribuye y en cómo se concreta.

Si existen exenciones impositivas para las millonarias transacciones financieras (porque sigue vigente la Ley de Entidades Financieras de la dictadura), si no se aplican las retenciones que corresponden a los grandes grupos sojeros (de la producción y de la exportación), si no se pone freno a la evasión de ganancias a los paraísos fiscales, si se mantienen los privilegios a las multinacionales del petróleo y la minería, y, en cambio, la principal fuente de recaudación de impuestos proviene del consumo del pueblo a través del IVA, siempre la coparticipación federal se asentará sobre cimientos de injusticia. Porque lo que se coparticipará será la consecuencia de una política regresiva en materia de impuestos.

Un estudio realizado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) bonaerense acerca del Presupuesto 2010 sostiene que la coparticipación no puede realizarse equitativamente sin existir políticas fiscales activas y un sistema impositivo progresivo orientado a una mayor presión recaudatoria sobre quienes más tienen, aquellos sectores que concentran la riqueza en nuestra “Provincia rica”, que se distribuye tan injustamente.

Los trabajadores no somos los responsables, sino las víctimas, de esa regresión. Por eso no aceptamos que se utilice como excusa para que se congelen los salarios del sector estatal el argumento de que no existen fondos por la caída de la coparticipación.

Los trabajadores no aceptamos ser la variable de ajuste en esta crisis de las cuentas públicas. Una y mil veces nuestra Central ha señalado, sin respuestas desde el Gobierno, de dónde podrían salir los fondos para financiar una justicia distributiva. Y señalamos que las provincias, sobre la base de una reforma a fondo de las políticas impositivas, tienen el derecho a recibir una justa porción de la recaudación nacional. Porque el dinero está, y habrá que extraerlo de quienes lo concentran en beneficio propio y en detrimento del interés nacional.

Otro Presupuesto sin cambios

El Presupuesto 2010 –como lo sostiene la CTA- no contiene partidas que expresen una política dirigida a solucionar los problemas más urgentes de la Argentina, tampoco proyecta cambios sustanciales en materia de impuestos y coparticipación federal.

Para que ambos transiten por las vías de la justicia social, deberían tomarse entre otras las siguientes medidas:

a) Recuperar la renta petrolera para que el precio del barril que se vende en el mercado interno tenga que ver con el costo de producción local (u$a 8.-) y no con el precio internacional (u$a 70.-). Para que esto sea posible necesitamos dar de baja los decretos desreguladores y privatizadores que se implementaron en los ’90 y que aún mantienen su vigencia. Hay que ubicar a ENARSA como un actor estratégico en el mercado petrolero. Así podemos dar de baja al festival de subsidios que, en materia de energía y transporte, ha crecido explosivamente en los últimos años y que ha ido a parar a manos de un puñado de empresas petroleras, restando ingresos a la coparticipación.

b) Eliminación de exenciones en ganancias, IVA, Combustibles y Regímenes de Promoción Industrial que rigen a favor de segmentos del capital concentrado.

c) Restitución de las contribuciones patronales a los niveles de 1993. Si lo hacemos, exceptuando a las PYMES, podríamos ampliar la recaudación por contribuciones en $15.732,5 millones.

d) Gravar las transacciones financieras. Hoy están exentas.

e) Terminar con los vergonzosos privilegios de las multinacionales de la minería, vigentes desde el menemato.

f) Rechazar la consigna neoliberal que determina que las utilidades no se discuten y que para defender el trabajo hay que aceptar reducciones, congelamientos salariales o, en el mejor de los casos, el diferimiento de las paritarias, apremiando a los trabajadores a ser cautos en sus reclamos. Hay que actualizar salarios, fundamento de una mayor producción, y elevar impuestos a las grandes ganancias.

g) Acabar con las transas que terminan otorgando el perdón impositivo a los grandes empresarios y conglomerados.

h) Gravar a las grandes ganancias de los pooles monopólicos de la producción y la exportación cerealera.

i) Y para transitar hacia una justa distribución de los ingresos, se necesita transformar el sistema tributario para que paguen más los que más tienen.

Retorno al endeudamiento

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA y de ATE bonaerenses, define en este reportaje las características y desigualdades del actual esquema de coparticipación. La coparticipación –nos explica- es un tema político que tampoco está aislado de otros temas. Porque en realidad el actual esquema de coparticipación da cuenta de la continuidad en el tiempo de un pacto fiscal que se impuso en los años 90 y que los sucesivos gobiernos mantuvieron. Se trata de un pacto fiscal que significó desestructurar los estados, transferir desde el Estado Nacional responsabilidades a las provincias y municipios, y no transferir recursos. Y mientras tanto, por distintos mecanismos, se fortalecía la concentración de los ingresos impositivos en la administración central.

¿Cuánto de la recaudación nacional llega a las provincias por coparticipación?

Hoy, del total que se recauda, principalmente en base a una política impositiva regresiva como es el IVA, solo el 32% se distribuye a las provincias de manera totalmente arbitraria. A la provincia de Buenos Aires solo llega el 21% de ese 32% siendo que nuestra provincia aporta el 40% del total de la recaudación nacional. Lo que han hecho los gobiernos a partir de Duhalde es establecer nuevos impuestos que no son coparticipables con lo cual se profundizó esa regresión.

¿Cómo resolver el tema?

No se puede resolver si no es a través de un nuevo pacto fiscal federal bajo otras reglas de juego. Establecer un nuevo esquema de recaudación y distribución de la coparticipación implica concretar una profunda reforma impositiva que haga que los sectores más concentrados de la economía aporten o aporten más. Por ejemplo, en nuestro país el segmento del capital financiero no paga impuesto a las ganancias, y las grandes empresas que controlan el comercio exterior no pagan impuestos en relación a sus exorbitantes ganancias como son los casos de Cargill, Dreyfus, Nidera, Bunge, Techint, Indupa, etc. Por lo tanto, esto requiere un abordaje político.

Hay un compromiso de las provincias ante el Estado Nacional de sostener el superávit fiscal. ¿No es éste un mecanismo de ajuste propio del neoliberalismo?

Si. El mecanismo político de disciplinamiento que han utilizado los gobiernos para garantizar que el actual esquema se sostenga han sido los sucesivos pactos fiscales, y el último pacto fue la Ley de Responsabilidad Fiscal por el cual se exigió a las provincias el cumplimiento de determinadas metas fiscales basadas fundamentalmente en el superávit, que es un mecanismo de ajuste fiscal que obliga a reducir gastos y separar el manejo presupuestario garantizando el pago de la deuda, y lo que queda del pago de la deuda asignarlo a gastos de funcionamiento comunes. Por lo tanto, esos gastos de funcionamiento deben ser lo suficientemente limitados para garantizar un superavit fiscal. Es decir, el gobierno nacional cumple hacia las provincias el rol que cumple el FMI hacia los Estados Nacionales.

Sin embargo, últimamente creció la recaudación…

En efecto, la recaudación fiscal aumentó consecuencia del crecimiento económico, pero no para fortalecer la capacidad de funcionamiento del Estado. Porque el Estado Nacional y los provinciales en nuestro país siguen siendo Estados chicos en relación a las necesidades que se tienen como población. Se utilizó el crecimiento y el superávit para el pago de deuda o para acumulación de reservas. Ese mecanismo se agotó y entonces, en vez de avanzar en un profundo cambio que permita revertir la situación, el gobierno nacional alienta un mecanismo perverso que es volver al negocio de la deuda externa, y además, en lugar de realizar ese endeudamiento a través del gobierno nacional lo hace a través de las provincias, por lo tanto, suspende la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal, no para dejar de ejercer el control sobre el funcionamiento fiscal de las provincias sino para liberarlas en cuanto a contraer deudas con lo cual la perspectiva es de mucho ingreso en lo inmediato por endeudamiento, especulación financiera y blanqueo de capitales, pero a mediano plazo esto significará un desbarajuste fiscal y un crack de proporciones. Es volver a tirar la pelota para adelante como se hizo con la convertibilidad o como ya lo hiciera en su momento Martínez de Hoz.

¿Cómo impacta esta situación en los trabajadores de la provincia?

La situación es grave porque al no haberse modificado la estructura de recaudación y del funcionamiento estatal, en la práctica, en estos seis años, el único sector que no recuperó niveles de salarios previos al 2001 fueron los trabajadores estatales. Los trabajadores privados con empleo en blanco, con convenios colectivos, en general han recuperado sus niveles de ingreso, no así los que tenían en 1998. Pero en el caso de los estatales, al haberse mantenido este esquema de control del gasto fiscal en las provincias y en los municipios, los niveles salariales son paupérrimos. La situación se agravará aun más, de hecho este año los aumentos estuvieron por debajo de la inflación, aunque la situación es dispar, depende de cada provincia. En el caso de nuestra provincia el aumento unilateral que otorgó el gobierno fue del 9% cuando tenemos niveles inflacionarios superiores al 16% en lo que va del año. La perspectivas para el año que viene es de mucha pelea porque los trabajadores vamos a ir a la lucha para recuperar lo perdido, y no solo para mantener los niveles mentirosos del INDEC. Por su parte, los gobiernos mantendrán su criterio de control fiscal, aunque el restablecimiento de los acuerdos financieros internacionales les permitirá contar con “plata dulce” para afrontar problemas en el corto plazo. Ante eso, nosotros sostenemos que no se trata solo de una cuestión salarial, sino de poner en discusión en profundidad el esquema de funcionamiento general a través de un nuevo pacto federal dentro de una política enderezada a una reforma impositiva y establecer nuevas formas de coparticipación, que no solo ponga en discusión cuánto le corresponde a cada provincia, sino qué se distribuye y sobre quienes deben recaer los mayores impuestos.