
La inciativa del Gobernador Daniel Scioli busca saciar la maquinaria mediática pero no atiende la demanda ciudadana. Crimanilizar a las jóvenes y a los pobres. La Argentina frente al jardín de los senderos que se bifurcan.
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* Secretario de Prensa de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA) |
En el film El juego del miedo II, el villano, John Kramer, no sólo hace el mal sino que se ocupa de mostrarlo. Castiga a ladrones, prostitutas, drogadictos y policías corruptos, pero les da una oportunidad.
Si siguen las reglas, pueden salvarse. Tienen una posibilidad que jamás aprovechan. El castigo es implacable, con altas cuotas de sadismo, horrendo.
John Kramer redime a la sociedad contemporánea de sus pecados. Construye el infierno sobre la Tierra. Castiga a los condenados peor que el Dante en los círculos del averno.
Y lo graba todo, con lujo de detalles. Lo muestra por las pantallas de televisión. Todos somos sospechosos, pasibles de ser condenados, por eso debemos mirar lo que puede pasarnos.
Debemos internalizar el tener miedo porque este paraliza, disciplina, inmoviliza. No sólo el cuerpo humano, sino también el social. Por eso El juego del miedo tiene seis partes.
Siempre hay nuevas formas de lastimar, de sembrar pánico, de castigar, de recrear el miedo que todo lo detiene.
El proyecto de ley del Gobernador Daniel Scioli y de su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, que rearma el código contravencional, tiene mucho que ver con esto. No busca garantizar "seguridad", sino crear miedo y castigos por doquier como formas de control.
Una locura punitiva similar a la Jigsaw/Kramer, con escenario mediático incluido, dónde las pantallas de televisión reconstruyen "la inseguridad" al modo cine de horror.
Al igual que las sucesivas secuelas de El juego del miedo, Scioli repite la fórmula aplicada por sus antecesores con el argumento banal de que lo pide la platea y lo justifica la taquilla.
En línea con lo que ya hicieron (y fracasaron) Ruckauf, Rico y compañía, quiere criminalizar la protesta social; profundizar la represión sobre pobres y excluidos; otorgar facultades discrecionales y arbitrarias a la policía; bajar la edad de imputabilidad; y avasallar responsabilidades propias del Poder Judicial.
Sólo en un clima social enrarecido por el pánico mediático, por la sensación de inseguridad que propalan los que lucran hasta con el dolor y la muerte, una sociedad puede sentirse más segura cuidada por la policía brava y con cárceles repletas de contraventores (mendigos, prostitutas, borrachos, manifestantes, "merodeadores", pibes de la calle, etc), que con inclusión social y el respeto por los derechos de todos y cada uno.
"El gobierno provincial ha tomado el camino de restringir la libertad de todos, en aras de suplir su ineficiencia para diseñar políticas inclusivas para toda la sociedad, único remedio probado a nivel mundial para disminuir la inseguridad. Ha hecho una opción que nos acerca al precipicio del autoritarismo, hiriendo de gravedad a nuestra democracia", afirmaron una veintena de organizaciones sociales, sindicales (entre las que está la Asociación Judicial Bonaerense), de derechos humanos y políticas.
En el mismo sentido se expresó el Consejo de Defensores Oficiales.
Quienes trabajamos en el Poder Judicial vimos la ineficacia y capacidad de daño que tienen las políticas que se pretenden restaurar. También las padecimos: nuestra labor se desvalorizó socialmente al compás de soluciones que jamás llegan por ese camino.
Hacer silencio ante esta reedición desesperada del manodurismo y el autoritarismo nos coloca ante una situación similar a la de los cautivos de Jigsaw: no tendremos otra oportunidad.
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