Si el modo de explicarlo socialmente se reduce a una atribución individual, propia de diversas esferas de lo privado, los abordajes quedarán condicionados a este modo de pensarla.

No puede apostarse todo a la valentía de una mujer para salir del vínculo agresivo. Se deben generar las condiciones para que la denuncia y la salida de la situación de violencia no lleve el signo de una re victimización.

En este contexto es imprescindible la puesta en vigencia de la Ley que tiene por objeto la eliminación de la violencia de género.

De esta manera no sólo se desnaturaliza, se previene e interviene sobre la violencia, sino que se modifica el escenario, volviéndola una cuestión de alcance social, político y público.

Un contexto de legalidad tal permite amparar la palabra de alguien violentado, facilitando que esa experiencia personal y subjetiva pueda ser, no sólo elaborada, sino también transmitida.

Así la eficacia es tanto individual como social, tendiendo a modificar las representaciones sociales que suelen dar sentido a este tipo de episodios.

Si bien es preciso un trabajo personal y propio que permita reposicionar subjetivamente a la mujer, el mismo deberá contar con un marco legal que, socialmente, lo favorezca.

Garantizando y multiplicando políticas públicas que faciliten el acceso a dispositivos que acompañen la salida de este tipo de situaciones de violencia, propiciando un apuntalamiento que debe ser tanto médico y psicológico como también social y económico.