Los vecinos de Sauzal Bonito no están dispuestos a dejar el pueblo donde viven, que fue rematado por la provincia. Es por eso que resolvieron peticionar a la Legislatura una "ley de expropiación". El reclamo fue volcado en un acta al cabo de una asamblea popular.

Los vecinos que se acercaron a participar de la asamblea que se desarrolló en la vereda de la radio comunitaria, pusieron de manifiesto sus posturas con respecto a la situación que atraviesan desde que se supo que parte del pueblo fue rematado y adquirido por un empresario a un valor de 100.000 pesos en 1999.

"No fue un mal negocio: fue un robo que el que nos hicieron. De la bronca que tenemos ya nos tienen cansados porque desde acá con la política han vivido a fuerza de nosotros", soltó ayer José Alejandro Villar que desde la década del ´60 arribó a Sauzal Bonito.

La idea de solicitar que los diputados traten y aprueben una ley de expropiación es impulsada por la CTA. El dirigente César Sagredo indicó que la petición es para que se expropie "todo lo que tiene que ver con la parte urbana, rural y solicitar que se las den otra vez las tierras, que la cuantifiquen y que digan cuánto valen porque si venden barato a los que compran en los remates, seguramente al pueblo se los venderán mucho más barato".

Tuvo duros términos con la vicegobernadora Ana Pechen: "no puede ser que les venga a decir que se tienen que ir cuando vivieron toda la vida acá".

Más adelante, el dirigente dijo que si lo que corresponde son 50 lotes, lo que hay que pedir son "70 a 100 por los hijos y nietos que vienen y que van a necesitar seguir viviendo aquí".

Está previsto que la semana próxima haya una reunión con algunos diputados para avanzar en el tratamiento de esta problemática.

Ayer, participó también quien fuera presidente de la comisión de Fomento, Zenón Sandoval quien está de acuerdo con el pedido de expropiación de tierras.

Sandoval ha sido el histórico mandamás del pueblo pero nunca pudo sumar para solucionar el problema. "Cuando no está esa voluntad patean para adelante, que fue lo que pasó ahora. Hoy lo que tenemos que hacer es no quedarrnos solamente con la ley de expropiación sino que hay que ir todos a pedirle al gobierno que ponga la plata al dueño que hizo todo este negociado". Aunque aclaró que para él no se le debería pagar, y recién "ahí nosotros podemos venir a mensurar y empezar a pagar, porque lamentablemente se sanciona la ley y nos quedamos tranquilos pero la realidad nos dice otra cosa".

Las tierras que fueron vendidas en 1999 pero recién tomaron conocimiento en 2002. A partir de entonces, se "empezó una pelea y en 2006" la fiscalía de Estado dictó una medida cautelar para que "el dueño no venga a molestar a los vecinos".

Agregó que en 2007 se hizo un censo desde la dirección de Tierras y se mensuraron todas las chacras y allí se dispuso que el valor de los lotes es de 2.300.000 pesos.

"Van a hacer cerca de 50 años que llegué aquí", dijo José Villar. Y agregó que "no fue mal negocio sino un robo el que nos hicieron. Tenemos bronca, nos tienen cansados. Acá con la política, han vivido a fuerza de nosotros". Recordó que "fuimos de a pie a hacer la toma de agua desde allá arriba". Y enseguida agregó que "ni hablar la injusticia de la provincia. Pasaron por arriba del delegado normalizador y ahora siguen pasando por arriba de los otros. Ojalá Dios quiera que salga pero no sé. Bastante mal color le veo".

Sagredo advirtió que a los pobladores "siempre les mintieron. Lo que se pretende es que vuelvan a recuperar la confianza para que ellos vivan en lo propio y no lo ajeno". A su criterio, el panorama no es alentador porque "acá hay muchos operadores" y entre ellos citó a los "operadores inmobiliarios que a partir de Chihuido I será un paraíso que se va a poder contener (el río Neuquén), que no va a sufrir las crecidas que venía sufriendo y va a tener un valor inmobiliario que hoy no tienen estas tierras".

Se remató en 100.000 pesos

La situación de Sauzal Bonito data de 1999 cuando un empresario petrolero, oriundo de Santa Cruz adquirió en un remate unas tierras entre las que estaban los lotes 26 y 27, donde está el pueblo.

La problemática se hizo conocida cuando el petrolero de Caleta Olivia reclamó las tierras y adujo no conocer que entre lo que había comprado estaba el pueblo. Hubo una serie de negociaciones que se dilataron en el tiempo hasta que se alcanzó un acuerdo entre el propietario y la provincia.

El acuerdo naufragó pues la provincia nunca pagó un peso. Eran 2.300.000 pesos. El dueño del campo donde está el pueblo pagó 100.000 pesos/dólares alrededor de 11.000 hectáreas.

Existe expectativa en este sector cuando el proyecto Chihuido I se lleve adelante.

El martes pasado, ya eran 80 los habitantes que habían adherido a la solicitud de expropiación de tierras. Los dirigentes de CTA, César Sagredo, Stella Maris Romero y Claudio Sandoval visitaron también a otros vecinos para conocer su postura y saber si están o no de acuerdo en apoyar la iniciativa.

Fuente: www.ctaneuquen.org.ar