Así lo señala una declaración que reproducimos a continuación:

“Tal como lo expresamos en la reunión de las Comisiones que sesionaron el martes 29/12/09, desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ-CTA) expresamos nuestro total rechazo a la ley que finalmente fue sancionada ese día con el voto de los legisladores de Unión por Córdoba (PJ) y la Unión Cívica Radical.

En efecto, la equiparación favorece sólo a magistrados y funcionarios y consolida la inequidad al interior del Poder Judicial, toda vez que el sistema salarial en la Justicia Federal no es equitativo ni proporcional entre quienes más ganan y quienes perciben menores salarios (los empleados).

Por ello, desde la AGEPJ reivindicamos el sistema porcentual de salarios, que establece un puntaje para todas las categorías, desde la más alta hasta la más baja, con “enganche” a la remuneración que percibe la Corte Suprema o el Tribunal Superior de Justicia, según que se tome un enganche nacional o provincial.

Aunque desde la AGEPJ no nos oponemos a que el sector de magistrados y funcionarios tenga un aumento en sus remuneraciones, pues no han percibido incrementos desde hace un año y medio, sí repudiamos que este aumento se haga luego que el gobierno provincial le negara un legítimo aumento a los trabajadores estatales y docentes, a quienes otorgó una suma fija de 350 pesos por única vez, alegando que “no había plata”. Sin embargo, con esta ley se demuestra que sí había plata y es para aumentar las remuneraciones de quienes más ganan. Porque detrás de la equiparación de los jueces provinciales con la Justicia Federal , se viene la equiparación de los legisladores, con lo cual, los “representantes del pueblo” votaron en realidad un aumento para ellos mismos.

El Gremio de los trabajadores y trabajadoras judiciales seguirá peleando por el sistema porcentual de salarios y por la democratización de las relaciones al interior del Poder Judicial, lo que se lograría con una discusión tripartita (entre el Tribunal Superior de Justicia, los magistrados y el Gremio) sobre la distribución de la masa salarial. Al mismo tiempo, reivindicamos nuestro derecho a discutir en paritarias, un convenio colectivo de trabajo, en abierta contraposición al sistema actual, pues nuestros derechos se rigen por Acordadas que dicta unilateralmente el TSJ.

Por ello, advertimos a los tres poderes públicos que con esta ley se avecina un 2010 conflictivo, donde los judiciales seguiremos luchando por la Porcentualidad , la Paritaria y por la democratización de las relaciones laborales al interior del Poder Judicial”.