Micello cumplía tareas de relevamiento en uno de los rubros que conforman el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y participó en las medidas de fuerza de su sindicato, la Asociación Trabajadors del Estado (ATE-CTA), cuando Guillermo Moreno llegó al organismo. Además, declaró en contra del secretario de Comercio en una causa por violación de secreto estadístico.

El fallo de la Justicia. En la oportunidad, los jueces de la cámara habían considerado que existió un acto de discriminación contra la compañera afiliada a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En primera instancia, la acción de amparo y el pedido de medida cautelar habían sido rechazados, pero la decisión de la cámara dispuso que se retrotrajera la situación al estado originario por su calidad de activista sindical.

Los trabajadores Liliana Gasco, Vanina Micello y Luciano Belforte iniciaron causas penales contra el Estado Nacional, Ministerio de Economía e INDEC por haber sido desplazados de sus puestos de trabajo. Por el solo hecho de oponerse al engaño que impusó la intervención se vieron obligados a soportar nuevas condiciones laborales sin justificación alguna.