Amadina recuerda que “nos fueron sacando metro tras metro. Todo el territorio de Villa la Angostura está sobre lo que era nuestra comunidad. Ahora defendemos las últimas 200 hectáreas. Todo es del extranjero o de los grandes propietarios”.

“¿Qué nos queda por sufrir?. Nos han quemado casas, amenazado. Y para colmo no hay policía ni Justicia que nos ayude. El gobierno provincial tampoco nos atiende”.

Lo que sigue, es parte de la conversación mantenida por ACTA con las dirigentes de la comunidad mapuche:

¿A que lo atribuyen?

Los funcionarios en general no son pobres. Tienen tierras. Son amigos del dinero y los poderosos. Si así no fuera no habríamos quedado arrinconados en estas 200 hectáreas.

Sobarzo cuenta que “desde que se fueron los policías actúa un escuadrón de civiles a las órdenes de Daniel Ducau. Ya el primer día corrieron a un miembro de la comunidad. Además han venido con camiones de materiales. Quieren edificar un barrio como forma de desalojarnos definitivamente”.

¿Qué suponen que hizo que cambiaran de táctica?

Lo que pasa es que el conflicto se está difundiendo. Organismos de derechos humanos, organizaciones hermanas, dirigentes honestos, la prensa. El gobernador Sapag comienza a sentir la presión y entonces mejor parapoliciales a sueldo de propietarios privados que policías, a las ordenes de esos mismos terratenientes.

¿Cómo se logra vivir sin la tierra?

El terror al desalojo hizo que muchas familias no quieran ni sembrar. Vivimos de las artesanías y el turismo. Cuando saben que somos de la comunidad nos despiden de los trabajos. Hasta la semana pasada, los jóvenes tenían miedo de salir de la comunidad a buscar trabajo, y que la policía los arrestara.

Amandina explica que “pedimos que se respeten las leyes nacionales, los tratados internacionales que hacen referencia a los pueblos originarios. Exigimos que se revisen los títulos de propiedad de los extranjeros y ricos locales que se han quedado con nuestras tierras”.

También solicitan que el Estado saque su policía y los latifundistas sus parapoliciales, “solo queremos vivir pacíficamente en lo que queda de nuestras tierras. Dicen “vivir” y nunca mejor aplicada la palabra, ya que el genocidio contra los mapuches y otros pueblos originarios no ha terminado. Ellos no entran en la lógica del neoliberalismo que necesita esas tierras para sembrar soja y ríos y napas subterráneas, toda el agua posible para contaminarlas en los emprendimientos mineros a cielo abierto.