"Hay suficiente jurisprudencia en varias provincias de nuestro país que ratifican que el aborto no punible no requiere intervención judicial y que los servicios públicos de salud deben garantizarlo como deber y obligación del Estado. Es increíble que aún hoy los equipos de salud sigan judicializando este tipo de casos incumpliendo tanto con en el artículo 86 del Código Penal y con la Guía Técnica de Atención de Abortos no punibles elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación. Sin duda la mentada objeción de conciencia de algún profesional de la salud no puede llevar a que el sistema público de salud de cualquier provincia incumpla su responsabilidad de dar asistencia sanitaria para realizar una aborto terapéutico que corresponde a la normativa vigente en nuestro país”, puntualizó la titular de la Secretaría de Género de CTA Alejandra Angriman.

Según propias fuentes del Ministerio de Salud de la Nación alrededor de 500 mil abortos por año, en su mayoría clandestinamente, ingresan a los hospitales públicos 68 mil mujeres con complicaciones post aborto y que de ellas, casi 100 mueren por año. Muchas de estas muertes serían evitables si las mujeres tuvieran mayor acceso a la información sobre un aborto seguro.

Finalmente, la Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CTA, Alejandra Angriman, agregó al respecto que “las compañeras y compañeros de la CTA nos estamos movilizando para que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Chubut cumpla con el derecho de esta niña de 15 años. Históricamente desde CTA peleamos desde nuestra constitución porque el Estado modifique la legislación nacional, despenalizando y legalizando el aborto como principio esencial de salud pública y defensa de los derechos humanos de las mujeres, practicándose en los hospitales públicos con carácter de atención gratuita, universal, de cuidado integral y de calidad con accesibilidad por el principio de ciudadanía o residencia en todo el territorio nacional”.

“Desde la CTA tenemos un compromiso por la vida de nuestro pueblo y una bandera de lucha que va a las raíces de este tipo de injusticias: construir entre todas las compañeras y compañeros un país con igualdad social, soberanía popular y más democracia en el marco de un buen vivir, donde el derecho a la salud de nuestro pueblo sea integral, gratuito, universal tanto para varones como mujeres garantizado por el Estado”, concluyó Angriman.