
La Coordinadora Nacional de Trabajadores Autogestionados repudia enérgicamente la orden de desalojo dictada por la jueza Andrea Doval contra la Cooperativa Inimbó en la Ciudad de Resistencia, Chaco.
La decisión de la jueza Doval afecta la vida y las familias de los trabajadores que recuperaron esta empresa textil y la gestionan con esfuerzo y sacrificio desde 1997.
Con el argumento de que los galpones serán utilizados para la instalación de una nueva empresa en el futuro, se cierra una fábrica que en el presente garantiza trabajo y dignidad a 14 familias.
CONTA, integrada por la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA-CTA) y el Movimiento Nacional de Empresas Recuparadas (MNER), convoca a todas las Empresas Recuperadas y sus distintas organizaciones a permanecer en estado de alerta ante esta amenaza, y a ejercer la solidaridad activa y concreta si el desalojo llegara a producirse.
La Cooperativa de Trabajo que conduce Ramón Ayala, fue notificada para abandonar los galpones donde actualmente funciona la fábrica sin poseer un lugar alternativo. Según se les informó, la Fiduciaria necesita el predio para una nueva empresa.
El 5 de marzo, la Cooperativa de Trabajo y Consumo, Inimbó, recibió una cédula judicial donde se les informa que deben desalojar el predio, ya que La Fiduciaria del Norte desea ocuparlo.
Según explicó su presidente, Ramón Ayala, solicitarán audiencia con el gobernador para solicitar una solución, ya que el 19 vence el plazo otorgado por la Justicia.
En la mañana de ayer, el DIARIO de la Región de Resistencia, empresa recuperada por sus trabajadores de prensa y gráficos, recorrió las amplias instalaciones de la fábrica de gasa, rejillas y trapos de piso, Inimbó, una empresa recuperada por sus trabajadores desde 1992 y que actualmente cuenta con 14 socios. Sin embargo, estos trabajadores se encontraban tratando de resolver el futuro de la Cooperativa y, por su puesto, el suyo. “Quieren sacarnos el lugar para dárselos a otra industria”, se lamentó Ayala.
Para dar cuenta de la situación, relató que se encuentran ocupando el predio desde 1997 y el mismo comprende tres naves, repletas ellas de maquinaria para la confección del producto. Estos galpones fueron cedidos por lo que actualmente es la Fiduciaria del Norte, a modo de préstamo, porque “si bien, en un momento quisimos comprar el lugar, nos dijeron que no tenía precio y al querer tramitar un alquiler, no nos respondieron si quiera”.
Actualmente, a través de Andrea Doval, del Juzgado Civil y Comercial Nº 15, le notificaron sobre la demanda de desalojo con un plazo de 10 días. “Ahora dicen que necesitan los galpones, y es triste ver que a unos les dan y a nosotros nos sacan, porque queremos pagar con trabajo, es la única forma que podemos”, cuestionó el presidente de la Cooperativa.
Con el correr de los días, las gestiones deben acelerarse, es así que en la mañana de ayer los trabajadores recibieron la visita del subsecretario de Desarrollo Social, Sergio Soto y del diputado por el Frente Grande, Fabricio Bolatti. Ambos recorrieron las instalaciones y pudieron dar cuenta del funcionamiento de las máquinas y su importancia para la elaboración del producto.
Los funcionarios se comprometieron a mediar con el gobernador para conseguir una audiencia y llevar así el reclamo de los trabajadores con el objeto de brindarles una solución. “Es importante que se reconozca el esfuerzo de los asociados, porque si bien somos proveedores del Estado necesitamos poner en funcionamiento la instalación de la hidrofilación de gasa”, ejemplificó.
Finalmente, Ramón Ayala reflexionó sobre su situación diciendo que “se espera contar con el acompañamiento de los compañeros de las diferentes cooperativas ante el difícil momento que está pasando Inimbó”.
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