El terrorismo de Estado tuvo dos brazos. Uno, armado de fusiles y uniformes, que secuestró, torturó e hizo desaparecer a miles de personas. Y otro, de enorme poder civil, compuesto por funcionarios, jueces y empresarios que cumplieron a la perfección el papel de cómplices de la represión. A 34 años del golpe, la Justicia avanza a paso cansino sólo con el primer grupo de responsables. El segundo goza de total impunidad.

A pesar del centenar de testimonios que se acumulan en juzgados federales de todo el país, las causas contra directivos de compañías como Ford, Mercedes Benz o Ledesma, entre otras, están paralizadas. “Con esta lógica de no incluir a las empresas, los jueces argentinos muestran la peor falencia de un juez: la cobardía”, definió Florencia Arietto, abogada de los familiares de desaparecidos de la automotriz de origen alemán.

Dos de los expedientes con más pruebas y menos movimiento involucra a directivos de automotrices multinacionales. Más de cuarenta delegados de las comisiones internas de Mercedes Benz y Ford fueron secuestrados gracias al imprescindible aporte patronal.

La complicidad de la Mercedes Benz en la desaparición de empleados fue detallada en las declaraciones de los únicos dos sobrevivientes, Juan José Martín y Héctor Ratto. Este último relató ante la Justicia que durante un intento por detenerlo dentro de la fábrica, escuchó cómo el gerente Juan Ronaldo Tasselkraut les facilitó a las fuerzas represivas la dirección del trabajador Diego Núñez, detenido esa misma noche y desaparecido desde entonces.

El expediente que imputa a Tasselkraut tramita en el juzgado federal de San Martín, a cargo del juez Juan Manuel Yalj (un abogado que subroga al jubilado Alberto Suares Araujo). Ni uno ni otro magistrado avanzaron en los pedidos de la querella de llamar a indagatoria al ex gerente. Sí, en cambio, procesaron a los militares responsables de los mismos delitos. “Sin la entrega, no hubiera habido secuestros. Los jueces no están a la altura, tienen temor de meterse con las empresas”, asegura Arietto.

Con una experiencia casi calcada, el abogado de los sobrevivientes de la Ford, Tomás Ojea Quintana, coincide: “Hay una cuestión política de no involucrar a los civiles y cómplices probados que estaban vinculados a los grupos económicos”.

Entre marzo y mayo de 1976, fueron secuestrados 25 delegados de la megaplanta que Ford tenía, y aún tiene, en General Pacheco. La mitad fue arrancada directamente de la fábrica. La relación entre empresa y fuerzas militares fue múltiple. Los sobrevivientes testimoniaron que sus detenciones se efectuaron en camionetas F100 proporcionadas por la compañía. La declaración de Arcelia de Portillo, esposa de uno de los secuestrados, va más allá: “Cuando fui a verlo, uno de los militares responsables de los secuestros, de apellido Molinari, sacó de un cajón una lista con el logotipo de Ford y me dijo: ‘Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los que querían que chupáramos’”. Además de las listas, los directivos entregaban los carnets con las fotos personales de los delegados. Los testimonios también coinciden en que en el área de deportes, entre los quinchos y las canchas de fútbol, funcionaba una especie de cuartel por donde pasaron muchos de los secuestrados.

Este expediente duerme en el juzgado de San Martín desde hace dos años y medio, cuando lo remitió el juez Daniel Rafecas. Al momento del traspaso, el fiscal Federico Delgado había aprobado la indagatoria al ex presidente de la compañía, Nicolás Courard, al gerente de manufactura, Pedro Müller, a Guillermo Galárraga, a cargo de la gerencia de Relaciones Industriales, y a Héctor Sibilla, un militar retirado que se desempeñaba como jefe de seguridad de la planta y que en 1978 fue ascendido a teniente coronel luego de los secuestros.

A más de mil quinientos kilómetros de las automotrices, una camioneta con logo y chofer del jujeño Ingenio Ledesma secuestró a Luis Arédez el mismo día del golpe. Tiempo después, el administrador del ingenio, Alberto Lemos, le admitió a la mujer de Arédez que la empresa había puesto sus móviles a disposición de las fuerzas armadas “para limpiar al país de indeseables”. La indagatoria de Lemos y de otros directivos de la azucarera ya fue solicitada por el fiscal Domingo Batule al juez de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, hace más de ocho meses. El magistrado nunca respondió.

Complicidad con el robo de bebés

Los directivos de Mercedes Benz no sólo están acusados de complicidad con los secuestros de trabajadores. La querella también denunció vinculaciones con el robo de bebés de desaparecidos. Además de donar un equipo de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionaba una maternidad clandestina, el entonces jefe de seguridad, Rubén Lavallén, fue condenado por la apropiación de una niña nacida en cautiverio.

Sin investigar se encuentra el caso del ex gerente Juan Tasselkraut, sospechado de haber inscripto como propio a un hijo de desaparecidos. La partida de nacimiento está fechada el 19 de agosto de 1974, en el Sanatorio Metropolitano. Pero está firmada por Nélida Valaris, que en 1974 trabajaba en el Hospital de Campo de Mayo.

Fuente: Martina Noailles, Diario Crítica de la Argentina