¿Cuánto tiempo más puede soportar la comunidad la existencia de esos jueces? Ante tal grado de degradación de los valores de la Justicia, nosotros, los trabajadores que diariamente nos desempeñamos en los Tribunales, decimos que no hay que tenerle miedo a la democratización del Poder Judicial, una democratización que debe ser llevada adelante sin más dilaciones.

Vemos actualmente como aparecen y reaparecen los lobistas que pretenden limitar el debate al mero reparto de cargos entre las corporaciones y a incrementar la impunidad de jueces y fiscales. Ese juego corporativo, que lleva muchos años acumulando merecido descrédito, es una de las causas más relevantes de la falta de justicia que padecemos.

La democratización es el único camino que permitirá que la Justicia sea un poder asentado en la confianza de millones de argentinos. Esa democratización empieza por los mecanismos de elección de los magistrados, pero es toda la estructura la que deberá ser democratizada.

La selección de los magistrados es un inicio ya que, además, habrá que asegurar el control posterior. ¿Cómo hacer el control del Poder Judicial? Tiene que haber estructuras permanentes de auditoría con participación no solo de ámbitos institucionales, sino también de las organizaciones sociales, de derechos humanos, de los trabajadores de la Justicia, que observen de manera permanente el funcionamiento del Poder Judicial.

No nos engañemos. No caben las reformas cosméticas de los Consejos de la Magistratura para hacerle creer a la población de que algo va a cambiar para que, en realidad, nada cambie. Sostener con variables intrascendentes, como se propone desde determinados sectores elitistas, las representaciones de las estructuras tradicionales de lo que se denomina “la familia judicial” –el Colegio de Abogados, el cerrado “club” de determinados jueces y de las estructuras político-partidarios- es mantener al Poder Judicial como bastión de las corporaciones y de la corrupción.

Se debe acabar con ese sistema, está demostrado desde hace años que es inservible a los fines para los que se ha creado el Consejo de la Magistratura: la elección de los mejores jueces. La realidad nos indica que no ha servido ni para elegir a los mejores magistrados, ni para removerlos. Porque las corporaciones de abogados, jueces o de políticos juega de tal manera que el Consejo se ha convertido en una máquina de impedir.

Repito, aquí está ocurriendo que le tienen miedo a la democratización verdadera del Poder Judicial. Se pretende que siga siendo el poder disciplinador a favor de los grandes grupos económicos. Esa es una realidad. Por lo tanto, hay que construir mecanismos que modifiquen ese tipo de selección de jueces.

Nosotros tenemos ejemplos importantes como los de Chubut, Entre Ríos y Santa Cruz. En los dos primeros no participa en los Consejos provinciales la estructura político-partidaria en la selección de los magistrados. ¿Qué tienen que hacer los legisladores en la elección de los jueces? Nada. ¿O acaso los jueces participan de la elección de legisladores? Debe ser la comunidad la que seleccione a los jueces. Hay que abrir el proceso a la participación popular. Por ejemplo, debería haber un cuerpo permanente auditor integrado por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y sindicales que estén observando la conducta de los jueces, para que personajes que vienen de la dictadura militar y con historias comprometidas con la represión y la tortura sean echados del Poder Judicial.

Sin embargo, tal como están las cosas, aún hoy existen personajes que siguen intentando dar exámenes académicos para ingresar o legalizar su presencia en los Tribunales. Deberían ser los ojos atentos de las organizaciones de derechos humanos y la comunidad los que detecten quién es quién, porque un aspirante a juez no solamente debe tener condiciones académicas, sino sobre todo condiciones morales y éticas.

Fueron y son las organizaciones sociales creadas por el pueblo las impulsoras de reglas democratizadoras en la selección de los jueces de la Corte, han sido y son las impulsoras de los juicios contra los genocidas. Deberán ser también las partícipes permanentes en la selección y control de jueces y fiscales.