El miércoles 7 de septiembre fueron liberados los quince trabajadores y trabajadoras detenidos desde el 16 de julio del año pasado luego de participar en la movilización contra el Código Contravencional frente a la Legislatura porteña.
La libertad, aceptada por el fiscal Alejandro Alagia, se basa en un cambio de calificación de delito de “coacción agravada, privación ilegal de la libertad y daños” por el de “perturbación de los poderes públicos”.
La CTA porteña, junto a otras organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, había exigido durante todo este tiempo a las autoridades judiciales la inmediata libertad de los detenidos y denunciado “la criminalización de la protesta social”.