El pasado lunes, 13 de marzo, en el marco de una reunión de la conducción nacional de la Central, integrantes de la mesa nacional recibieron a familiares de los detenidos en Las Heras. Anteriormente, la CTA había mantenido una reunión el 18 de febrero pasado en Buenos Aires con Mario Navarro, quien fue recibido por el secretario gremial de la Central, Víctor Mendibil, y el secretario de organización de la FeTERA, Gabriel Martinez. 10 días más tarde, Mendibil y Martínez también se reunieron con dos delegados de los trabajadores petroleros de esa ciudad, quienes actualmente se encuentran detenidos.

En ambos casos, los representantes de la Central acercaron su solidaridad con sus reclamos y exigieron, tanto a las máximas autoridades del Gobierno de la provincia de Santa Cruz como a las del Ministerio de Interior de la Nación y a la Secretaría de Derechos Humanos, el cese de las persecuciones y el retiro de la Gendarmería nacional de esa ciudad patagónica.

El lunes, Ricardo Peidro, secretario de Derechos Humanos de la Central, junto a otros integrantes de la mesa nacional como Víctor Mendibil, Pedro Wasiejko, José Rigane, y Fabio Basteiro, escucharon las denuncias de la esposa de uno de los delegados detenidos y explicaron que la CTA “se solidarizó con el reclamo de los trabajadores por elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, el reintegro de todos los días descontados durante la protesta y su encuadramiento en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector petrolero”.

También indicaron a los familiares que la CTA resolvió, en un Plenario Federal realizado el 8 de marzo pasado, avanzar con un plan de trabajo y de acción sobre esta problemática laboral, que es un reclamo del conjunto de los trabajadores convencionados.

Sobre la situación en la ciudad, Peidro explicó que “nos informaron sobre lo que está pasando. Están denunciando que Las Heras se ha convertido en una ciudad tomada, los vecinos se sienten perseguidos, sobre todo aquellos que han participado en la lucha, y que hay una presencia intimidatoria por parte de la Gendarmería nacional”.

Por todo esto, los representantes de la Central se comprometieron a colaborar con ellos “para romper el aislamiento informativo que sufren y para que se aclare la situación judicial y también laboral, para que no haya excusas y se cumplan con los acuerdos paritarios”. En ese sentido, la CTA acompañará el proceso de convocar a todas las organizaciones sociales a que “expresen su solidaridad y conformen una delegación que viaje a Las Heras y realice todas las gestiones necesarias para terminar con la persecución”.

Consultado por ACTA, Mendibil indicó que, luego de conocer a fondo las denuncias de los trabajadores santacruceños, queda claro que “fue la detención de Mario Navarro, quien había sido democráticamente elegido por los trabajadores como vocero en el conflicto, el detonante de esta situación”. Además, explicó que “la jueza de la causa, Graciela Ruata de Leone, pretende resolver los conflictos sociales judicializando la protesta de los trabajadores” y recordó que es la misma magistrada que en junio del año pasado encarceló a dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado de Caleta Olivia (ATE-CTA) tras encabezar una protesta en esa ciudad.

Por último, el dirigente indicó que “la Justicia debe avanzar en la investigación garantizando la identificación de los autores del asesinato de Sayago, respetando los derechos que le asisten a los posibles implicados en el lamentable episodio”.