El repudio de las organizaciones y ciudadanos que nos sentimos comprometidos con la verdad y la justicia.respecto de todos los crímenes de esa dictadura: los cometidos por los jefes y también los cometidos por los subordinados de esos jefes, como los comisarios, oficiales, suboficiales y agentes de la policía de Río Negro.

El problema es que quienes han promovido y todavía sostienen las leyes de reconciliación e impunidad, como la obediencia debida y el punto final, (que es el caso del director del diario Río Negro, Julio Rajneri, cuando fue ministro de Ricardo Alfonsín) pretenden seguir defendiendo sus históricos errores que nos han prolongado por décadas la impunidad de delitos que todavía se siguen cometiendo. Y para ello utilizan el poder mediático del que disponen con arbitrariedad, porque en las cuatro páginas del artículo sólo se convirtieron en voceros de una parte de la causa que se sustancia en la justicia federal y ni siquiera se les ocurrió consultar a las personas que demolieron, sin darles una mínima oportunidad de expresarse por el poderoso medio regional que impone y crea “verdad” para miles de personas que repiten sus versiones e ideología, sin ningún sentido crítico. Ni siquiera se molestaron en informar que, por ejemplo, uno de los más denostados ya no podrá defenderse por sí, porque falleció el año pasado y mereció un homenaje en el acto del pasado 24 de marzo en Cipolletti, que ese diario no publicó.

La mejor demostración de la enorme mentira de la objetividad periodística es esta operación de prensa que pretende limpiar a la policía de Río Negro y a los gobernantes y poderosos de la política mediática que, equivocados o con mala conciencia, creyeron que podían incorporar a sus gobiernos a personajes secundarios de la dictadura sin que muchas personas les señalaran que con ello aseguraban la impunidad, la injusticia y la mentira, como ha ocurrido recientemente con el caso del represor Lorenzatti, empleado del gobierno de Saiz, o con el policía del Magro, asesor del IPROSS, entre otros.

La operación del planificado genocidio desplegado en la dictadura para asegurar el plan de miseria planificada que denunció Rodolfo Walsh en su carta a la junta militar de 1977, incluía a todas las piezas del rompecabezas: fuerzas militares y de seguridad, jueces, buchones de los servicios, medios de prensa y también los policías de cada comisaría, por lo menos de todos los lugares donde hubo secuestros y desaparecidos, como es el caso de Cipolletti, ciudad donde fueron secuestradas varias personas que fueron ubicadas aquí, luego de haberse trasladado desde otros lugares del país e incluso del exterior (dos ciudadanos chilenos fueron secuestrados en Cipolletti en el marco del operativo Cóndor), para intentar salvar su vida. Y no fueron ubicadas por casualidad, sino por operaciones de inteligencia realizadas por algunos y garantizadas o al menos toleradas y silenciadas por otros. Ni uno solo de estos policías ha dado apenas alguna pista de lo que sucedió con los secuestrados, aún desaparecidos en la ciudad de Cipolletti, mientras ellos estaban en la comisaría. ¿Nunca se enteraron de lo que hacían los militares asentados en la misma comisaria?

¿Es necesario recordar la enorme cantidad de crímenes impunes existentes en la provincia de Río Negro, con la acción de esta misma policía “inocente” y una justicia muy cuestionada por la sociedad? Esta impunidad ¿no tiene ninguna relación con la impunidad de los criminales de la dictadura?

El colmo de pensar de que alguien que fue hasta buen vecino no puede ser un criminal de la dictadura es una falacia atroz, sólo dicha para sostener otra falacia: que hubo treinta años de investigación judicial de los crímenes de la dictadura, como si hubiera sido continuada, desde el retorno a la democracia hasta hoy y como si no hubiera existido la suspensión de todos los procesos entre 1986 y 2005, gracias a que las leyes de impunidad y los indultos pusieron caminando en las mismas calles a los represores con sus víctimas. Y que esas víctimas, superando esa condición, se convirtieron en testigos para denunciar las vejaciones que sufrieron, aún sabiendo que en este país todavía hay muchos dispuestos a trabar la justicia completa.

La descalificación de los testigos recientes, que en la nota del matutino del día 9 de abril incluye a la profesora Silvia Barco y omiten al primer Secretario General de UnTER, Luis Genga, porque permaneció exiliado en España durante mucho tiempo después de la dictadura, como si antes hubieran tenido garantías para declarar y conseguir justicia, es un acto lamentable, sobre todo contraponiéndolo con las declaraciones de quienes al momento de declarar lo hicieron cuando todavía no existía el manto de impunidad que se estableció desde 1986, como una verdadera traición a la valentía de quienes se animaron a denunciar y testificar en los primeros años de la democracia. Y por supuesto que esto no desmerece la valentía de quienes declararon en los juicios de la verdad, mientras reinaba la impunidad.

La pretensión de fundar los hechos exclusivamente en el valioso dictamen de una comisión provincial que funcionó en los primeros años de la democracia para invalidar las investigaciones y declaraciones posteriores a 2005, cuando terminó la impunidad, es también arbitraria y pretende minimizar que alguno de sus miembros, como Rajneri, fue luego también el impulsor de las leyes de impunidad, algo que no dicen aunque sí se permiten la autoreferencia junto a destacadas personas defensoras coherentes de los derechos humanos hasta hoy. Justamente la pretensión de sostener el “punto final” a las investigaciones de la justicia es bien coherente con esta invalidación de las denuncias más recientes.

Sólo puede entenderse esta postura de la supuesta “caza de brujas” hacia los policías, si la vinculamos con las declaraciones de otros personajes de la política nacional que han sostenido y sostienen la impunidad con indultos a los genocidas o defienden la apropiación ilegal de hijos de desaparecidos, realizada por otros poderosos dueños de monopolios mediáticos. Están en el sector de los que todavía apuestan a la teoría de los dos demonios y piensan en “reconciliar” a la sociedad, sobre la base de la mentira y la injusticia.

Quienes hemos podido escuchar recientemente las declaraciones de Osvaldo Papaleo contando cómo se convirtieron Clarín y La Nación, en socios del Estado en la empresa Papel Prensa, luego de que le fuera quitada a la familia Graiver en una mesa de torturas, ya entendimos la directa relación que existe entre estos monopolios mediáticos y la permanencia de las peores consecuencias de la propia dictadura militar hasta el presente, incluida la enorme confusión ideológica de algún sector de nuestra sociedad, que todavía piensa que puede haber democracia y derechos en base a la desmemoria, la mentira y la injusticia, que suele confundir muy seguido a la venganza o la discriminación con la seguridad, o que piensa en términos racistas o xenófobos muchas de las realidades que no quiere aceptar y que es necesario cambiar con gran esfuerzo de todos.

De todas formas muchos creemos que estas expresiones poco democráticas, aún para los principios del liberalismo político más clásico, son facetas de una realidad política que ha logrado empezar a sustituir la dictadura de la economía y la enorme imposición mediática de opinión pública dominante desde los sectores del poder económico concentrado. Por eso que salgan a la luz estos debates es parte de la necesaria reconstrucción histórica del sentido de la justicia, la igualdad y la democracia por la que seguimos luchando cada día, donde la conquista de la plena vigencia de una comunicación horizontal, democrática, que permita todas las voces de la diversidad y que pueda desnudar los intereses de quienes usan los medios para ejercer su libertad de empresa por encima de otras libertades humanas y elementales, es un objetivo principal.