La presentación del seminario la realizó Ricardo Peidro, Secretario de DDHH de la CTA. Peidro reafirmó el compromiso histórico de la Central por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. Asimismo subrayó la trayectoria de Slepoy quien encabezó la pelea por la Justicia Universal en España para condenar el genocidio durante la dictadura militar argentina sobre todo rescatando a los compañeros y compañeras en su condición de lucha y resistencia de la clase trabajadora y no exclusivamente como víctimas de las torturas y desapariciones.

En la mesa también estuvo Nora cortiñas de las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, quien principalmente rescató el rol de Carlos Slepoy para el enjuiciamiento de los responsables del genocidio argentino ya que “sin él no hubieran sido posibles los juicios en España”.

Por su parte, Slepoy sostuvo la necesidad de calificar los crímenes cometidos durante la dictadura militar teniendo en cuenta las causas, las consecuencias y los beneficiarios económicos y en ese sentido rescatar el concepto de “genocidio” que es judicialmente distinto al de “crímenes de lesa humanidad” por responder a un plan de exterminación de un grupo de personas por otro grupo.

Además, Slepoy se refirió a la necesidad de crear tribunales específicos para juzgar a los responsables del genocidio, “¿cómo es posible que haya jueces que se dediquen a investigar estas causas y a la vez tengan multiplicidad de causas de otra naturaleza? ¿Cómo es posible que haya jueces que fueron cómplices de la dictadura, que se identifican ideológicamente con la dictadura y tengan algunas de estas causas”, así explicó el abogado algunas de las tareas pendientes de la Corte Suprema de Justicia y del Poder político para agilizar los llamados juicios de la verdad.

El mismo miércoles por la mañana, el abogado impulsó una rueda de prensa en la Asociación de Abogados de Buenos Aires para presentar la demanda judicial sobre 2 casos con los que denunciará en la justicia argentina para que se investigue el genocidio cometido en España por el régimen de Francisco Franco, aplicando el principio de jurisdicción universal.