La huelga ha dejado durante más de tres semanas paralizada a la Justicia y esto llevó a que ayer hubiera nuevos contactos entre el ministro de Gobierno, Mario Adaro, y el subsecretario de Hacienda, Mario Granado, con los dirigentes de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial.

En el encuentro, el Poder Ejecutivo hizo mejoró la oferta salarial, llegándose a un monto global de alrededor de 30 millones de pesos a repartir durante el año entre todos los empleados judiciales.

A esta suma se llegó sumando a los fondos que dispondría el Gobierno los 4 millones de pesos ofrecidos por la Suprema Corte, producto de ahorros presupuestarios. Anteriormente se habían ofertado 21.5 millones de pesos. También se habrían adelantado otras medidas que mejorarían el ofrecimiento, una de ellas la coparticipación de la tasa de justicia que reclaman los trabajadores.

La nueva propuesta será analizada hoy, a partir de las 7.30, por los trabajadores judiciales, en una asamblea que se efectuará en el hall del Palacio de Tribunales. Sin embargo, a pesar de la oferta, no se normalizaría el servicio de justicia, ya que se esperaría para tomar una resolución definitiva a que en la mesa paritaria, mañana cerca del mediodía, el Ejecutivo oficialice la nueva oferta.

Anoche, el ministro de Gobierno, Mario Adaro, anunció que la Subsecretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria " la que recién hoy será notificada al sindicato" y justificó la medida en el pedido efectuado ayer mismo por la Suprema Corte, a través de la acordada 22681.

El máximo tribunal había pedido ayer a la mañana al gobernador Celso Jaque, en el marco de un cruce de declaraciones sobre quién es el responsable de solucionar el conflicto (ver aparte), que ordenara la conciliación obligatoria al gremio judicial para garantizar de inmediato la continuidad del servicio judicial, paralizado por el conflicto salarial que, desde los últimos días de marzo, mantienen los trabajadores.

La Corte reconoce que la Justicia se encuentra en un virtual estado de paralización debido a la suspensión de ofertas de parte del Poder Ejecutivo y a la realización de trámites del gremio ante autoridades de la Cámara de Diputados. Además, aclaró que volvía a poner sobre la mesa su ofrecimiento de 4 millones de pesos, que había suspendido tras proponerlo como solución al conflicto en la paritaria del pasado viernes 16.

Pero el gremio no acatará la disposición por una cuestión de jurisdicción, según adelantó el secretario general de los judiciales, Carlos Ordóñez.

"La Subsecretaría de Trabajo no tiene jurisdicción para hacerlo, ya que es un organismo del Gobierno con el que estamos negociando. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no puede ser juez y parte en el conflicto. En todo caso, la jurisdicción que reconocemos es la del Ministerio de Trabajo de la Nación. Además, no se puede acatar ya que está encauzada la negociación", destacó Ordóñez.

Fuente: Los Andes
Foto: UNO