En el inicio del conflicto, el Poder Ejecutivo provincial había ofrecido 13 millones de pesos a repartir entre los trabajadores judiciales desde la primera a la última categoría. Finalmente, tras intensas medidas de fuerza, la oferta patronal se extendió a los 42 millones de pesos, además de 320 pesos remunerativos y bonificables proporcional a la categoría, otros 325 pesos para todas las categorías, más entre el 33 al 40% de aumento por ítems diversos y otros 120 pesos por fase judicial. Con estos elementos, por ejemplo, un ordenanza de la última categoría y sin antigüedad recibirá un aumento de 420 pesos.

Hoy una asamblea general del gremio judicial resolvió aceptar la oferta oficial, levantar el paro pero continuar la lucha para que se anule la disposición del gobierno y aplicada por la Corte Suprema provincial de descontar del salario los días de paro.

Otro hecho sobresaliente ha sido que los aumentos se firmaron en el marco de paritarias y luego de haber rechazado los trabajadores judiciales la pretensión oficial de imponer la conciliación obligatoria. Esta medida fue repudiada pues quien decretaba la conciliación era la propia patronal, es decir, una de las partes en el conflicto.

Carlos Ordóñez, secretario general de la filial mendocina de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), enfatizó que “el rechazo a la conciliación obligatoria lo sostuvimos con los trabajadores en la calle en una demostración de participación y de democracia ejemplares”.

En efecto, las decisiones de lucha las tomaban día a día los propios trabajadores, cada paro era aprobado en asambleas simultáneas intercomunicadas desde las distintas jurisdicciones del Poder Judicial, y la participación era a micrófono abierto, explicó Ordóñez, y destacó algo que hace a la profundidad de la participación democrática del trabajador: las negociaciones paritarias eran trasmitidas a pantalla gigante sonorizada instalada en la calle donde los trabajadores podían apreciar y valorar todas las dificultades y los embates de la patronal para no cumplir con las demandas.

Ordóñez sostuvo que la experiencia fue un formidable instrumento de formación para los compañeros. Aprendimos –añadió- que el Poder Judicial no es como suelen decir “una grande y sola familia”, sino que en su seno existen tremendas desigualdades e intereses encontrados, lo cual desató la indignación de los trabajadores a los que se pretendía discriminar aun más en el reparto de asignaciones. Pudimos apreciar y experimentar -agregó- acerca de quiénes son nuestros enemigos fundamentales, los que son circunstanciales, y también quiénes eran nuestros aliados más firmes y cuáles los del momento. Es decir, la lucha fue una escuela de formación y de participación: “creció la capacidad de los compañeros de analizar críticamente la realidad”.

Ordóñez advirtió que si bien lo conquistado en materia salarial es un gran triunfo, el logro no alcanza todavía a nivelar los aumentos siderales habidos en la canasta de consumo de los mendocinos.

Finalmente, Ordóñez destacó el rol de las mujeres en esta lucha, su protagonismo y arrojo en las movilizaciones.

Cabe señalar que la lucha debió resistir presiones del Colegio de Abogados, de jueces con mentalidad conservadora, del intento por imponer la conciliación obligatoria y la decisión de descontar los días de paro. Sin embargo, el acatamiento a la huelga se mantuvo sin altibajos en un 90% desde el primero hasta el último día.

Fue en medio del conflicto que se añadió un hecho de extrema gravedad. Ordóñez y sus hijos fueron amenazados de muerte por teléfono, le advertían que “si no levantás el paro te vamos a cagar”, incluso se presentaron a su domicilio quizás con intento de secuestro y rondaba por la sede del gremio y la casa donde habitan sus hijos un sospechoso Renault 11 celeste que seguía los pasos del secretario general del gremio.