En su informe anual, el Observatorio Jurídico de la central obrera indicó que del total de estas violaciones a derechos sindicales y libertades públicas, el 60 por ciento refiere a "atentados contra el derecho a la vida, la seguridad y la integridad física de la persona".

La segunda categoría de derechos afectados refirió a despidos discriminatorios de trabajadores que ejercían la actividad sindical, que explican el 34,5 por ciento de las denuncias relevadas.

El 71 por ciento de las denuncias por violaciones a la libertad sindical fueron dirigidas contra trabajadores de organizaciones sindicales con personería gremial, mientras que el 29 por ciento restante afectaron a trabajadores de asociaciones sindicales simplemente inscriptas o en formación.

El informe señaló además que el 45 por ciento de las presentaciones por acciones contrarias a la libertad gremial fueron dirigidas contra el Estado, mientras que las empresas de capital privado explicaron el 44 por ciento del total de las
denuncias.