Un informe del IDEP (Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, ATE-CTA provincia de Buenos Aires) advierte que en el presupuesto del año en curso "la provincia enfrenta con más deuda el gasto público, mientras que por un lado no genera recursos propios de los sectores de riquezas concentradas, y por el otro permite que la riqueza generada no vuelva en la proporción que le corresponde".

Para la coordinadora del IDEP, Griselda Cavaliere, esto confirma la tendencia ya señalada por la CTA en el documento "Buenos Aires, provincia rica, pueblo y Estado pobres" realizado en noviembre de 2007 por el Instituto de Investigación, Estudios y Formación (IIEF) de la Central bonaerense. Allí se advertía que "el Estado provincial ha entrado en una dinámica que lo lleva a un creciente endeudamiento", señalando dos principales causas: "el actual régimen de coparticipación federal de impuestos y la renuencia a implementar políticas tributarias progresivas".

Casi dos años y medio después, dice el IDEP, el presupuesto 2010 "no sólo ratifica todo lo que proyectamos que iba a acontecer según el estado de situación de ese entonces, sino que lo profundiza", y "no sólo no toman medidas de fondo que cambien el rumbo, sino que por el contrario ponen todos sus esfuerzos en volver a vertebrar las viejas estructuras políticas, económicas y sociales", con políticas que "no buscan terminar con la pobreza sino perpetuarla, y mantener el sistema económico especulativo".
mentiras que endeudan

"Lo primero para decir del presupuesto provincial", dispara el secretario general de ATE y la CTA, Hugo Godoy, "es que es mentira. Se establecen pautas de crecimiento de la economía alrededor del 4%, y un 8% de inflación, cuando ya avanzados los tres primeros meses del año se puede comprobar que el crecimiento va a ser mayor, y la inflación más todavía. Tampoco estuvieron previstas las partidas para los aumentos de salarios que se discuten en este momento, por lo tanto más que analizar el texto de ese presupuesto se pueden analizar sus trazos gruesos".

En ese sentido, lo primero que para Godoy se advierte es que "de un presupuesto de 65 mil millones de pesos, cerca de 10 mil millones corresponden al Instituto de Previsión Social, demostrando la decisión de seguir apropiándose de los recursos de los trabajadores activos y jubilados para justificar la apropiación del superávit y su utilización para las políticas generales del gobierno".

En su opinión, la subestimación de la inflación, la producción y el crecimiento del PBI, estaría indicando "que el gobierno estima fuentes de crédito de recursos mayores a los nominales, y entonces se libera para utilizarlos de manera discrecional y arbitraria". Desde el gobierno, el ministro de economía bonaerense Alejandro Arlia argumentó durante la presentación del presupuesto en la Legislatura que no se incluían partidas para los aumentos porque "la provincia tiene paritarias y establecer una pauta salarial sería desvirtuar esas paritarias", por lo que "una vez cerrado el proceso paritario, se le pide a la Legislatura que convalide los incrementos de salarios que se otorgan".

Respecto a la deuda, el ministro ratificó que "se trabaja en línea con el Presupuesto Nacional, ya que se suma a todas las herramientas financieras que ahí se proponen, como reprogramación de deuda y financiamientos de déficit de corto plazo", y destacó que "prevé el regreso de la provincia a los mercados locales e internacionales de capitales".

A Godoy es justamente esto lo que le preocupa: "se autoriza a solicitar deuda en los bancos nacionales e internacionales para obtener financiamiento, por lo que van a seguir tomando préstamos, como se está demostrando estos primeros meses, en el mercado de bancos nacionales como el Macro y el Galicia, por tasas anuales cercanas al 13% absolutamente usurarias. Van a tomarse préstamos también por intereses similares en el mercado internacional. Los grandes beneficiarios van a ser los bancos amigos del gobierno provincial y nacional; los grandes perjudicados vamos a ser los trabajadores y el pueblo bonaerense, que vamos a tener que seguir pagando esas deudas".

Concretamente, la ley 14.062 que fija el presupuesto 2010 prevé un déficit financiero de 5.350 millones y vencimientos de capital de la deuda por 5.320, lo que lleva la necesidad de financiamiento a 10.070 millones sin contar lo devenido por aumento de salarios. Para esto sigue autorizando al Ejecutivo a endeudarse, ya sin el límite que antes fijaba la Ley de Responsabilidad Fiscal, recientemente reformada. Esta ley, recomendada por el FMI, fue sancionada en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner antes del pago de la deuda con ese organismo, y establecía que las provincias no podían tomar deuda por más del 15% de los recursos devenidos de la coparticipación. Su reforma deja sin efecto estos topes de gasto y endeudamiento de las provincias, y aparece en consonancia con la inminente reapertura del canje de deuda supuestamente clausurado por la "ley cerrojo" de 2005. Para Godoy, el objetivo político es transformar a los estados provinciales "en una agencia de colocaciones para empresas y bancos amigos", deslindando su propia responsabilidad en los casi 100 mil millones de pesos de deuda que suman los 24 distritos. La estrategia gubernamental sería que las provincias "altamente endeudadas salgan a los mercados internacionales en una búsqueda desesperada por conseguir financiación. Y se conviertan, de esta manera, en los embajadores del diálogo que el Gobierno Nacional ha iniciado con el mercado de crédito internacional".

Áreas vitales

En los partes oficiales difundidos al aprobarse el presupuesto, el gobierno destacó que "se prevé un rol muy activo del Estado en materia de desarrollo social y seguridad" y se priorizan "áreas vitales para la provincia como la salud, la educación y la inclusión social".

El financiamiento de planes sociales y obras públicas son los principales argumentos esgrimidos en el texto para seguir contrayendo deuda, pero "lo raro", señala el IDEP, es que "el Ministerio de Desarrollo Social presentaba a mitad de año una ejecución sólo del 38% de lo asignado para programas y planes", lo que generó numerosos reclamos y movilizaciones el año pasado por parte de organizaciones sociales exigiendo el cumplimiento de las becas y subsidios. Vale decir: contrasta la intención de endeudarse para tener más recursos sociales, cuando a la vez se subejecutan los existentes.

En el ítem de salud, el titular de la CICOP (gremio que nuclea a los profesionales de la salud bonaerenses), Hugo Amor, subraya que "la provincia tiene el presupuesto más bajo de todo el país en relación a su gasto total y cantidad de habitantes". Con 4.152 millones, el Ministerio de Salud subió su participación en el global del 6,2 al 6,3%, aumento que el dirigente médico califica de "risueño" siendo que tenía el 10% hace 15 años.

Amor destaca la apertura de 3 mil nuevos cargos, que implicarían el pase a planta de otros tantos trabajadores hoy precarizados, pero "de ninguna forma alcanza. Pensá que es un presupuesto casi igual al del IOMA -que tiene dos millones de afiliados- para el sistema de salud pública de una provincia con 14 millones de habitantes".

"Los hospitales se llenan al límite", relata, "en varios han cerrado salas como Neonatología o quirófanos, cuando no por falta de personal o equipamiento porque la infraestructura no da más y, por ejemplo, un techo se les viene encima". Las situaciones vividas el año pasado con el dengue y la Gripe A dejaron claro que "cuando aparezca una epidemia o una pandemia no damos abasto".

Los déficits de infraestructura también están entre los principales problemas de la Justicia, señala el secretario general de la Asociación Judicvial Bonaerense (AJB-CTA), Hugo Blasco: "Hay un creciente deterioro de toda la planta inmobiliaria, edificios sin mantenimiento, juzgados que funcionan en una casa de familia u oficinas de la Corte en un local de comercio", asegura, y pasa a enumerar ejemplos que van desde personal descompuesto los días de calor en Lomas de Zamora, hasta la clausura de juzgados por invasión de murciélagos en Bahía Blanca.

"Hay defectos en la cantidad de juzgados, defensorías, fiscalías, se resiente notablemente la calidad de la Justicia, porque esto complica las respuestas en tiempo y forma", agrega Blasco. Al Poder Judicial le tocan 2.879 millones (un 4,63% del total) de los cuales 1.967 van a la administración de Justicia y 912 a las fiscalías.

La Dirección General de Escuelas tiene asignados 19.218 millones, sumado al aumento recientemente acordado por los docentes, pero el secretario general de SUTEBA y adjunto de la CTA provincial, Roberto Baradel, afirma que "tampoco alcanza, en un contexto general donde la provincia está un tercio debajo de lo que debería, en relación a la cantidad de habitantes y a los niveles de pobreza e indigencia que registra".
Desde el gremio "apostamos a la Ley de Financiamiento Educativo que vence este año", explica, "y creemos que se debe sancionar una nueva con metas claras".

Esta ley nacional fue promulgada en enero de 2006, disponiendo un aumento progresivo del 4 al 6% del PBI en el área, y con el objetivo, según el entonces ministro nacional Daniel Filmus, de "terminar con el analfabetismo en 2010". Aunque esto último parece ya muy improbable, la pauta de financiamiento sí se cumplió: "logramos que se invierta un 6% del PBI en educación", destaca Baradel, "y creemos que este año hay que sancionar una nueva ley que lo lleve al 10%, con una proporcionalidad diferente de lo que invierte la Nación y las provincias".

Según la norma, el Estado nacional debe proveer el 40% de los aportes para Educación, mientras que el 60% restante lo aportan las provincias, e incluye una cláusula prohibiendo que las mismas destinen esos fondos a otros fines. Esto es cuestionado desde una provincia que ya está muy perjudicada por la coparticipación en general (ver recuadro), y por eso desde SUTEBA plantean que en la nueva ley se modifique "por lo menos a 50 y 50, como piso", dice Baradel.

Que la tortilla se vuelva

Todos los dirigentes sindicales consultados coinciden en que, como se señalaba al comienzo, las dos principales medidas necesarias para cambiar la situación son modificar los porcentajes en la coparticipación federal y una profunda reforma tributaria, "gravando al conjunto de sectores más pudientes", dice Hugo Amor, "muchos de los cuales no pagan casi impuestos, como los bancos".

Un principio de avance en este punto pareció darse el año pasado con el proyecto de reforma tributaria impulsado por el propio Poder Ejecutivo, que terminó dando marcha atrás ante la reacción pública de varios grupos económicos, empezando por las entidades agropecuarias de la Mesa de Enlace.

"El gobierno no tuvo la suficiente fortaleza y convicción para avanzar", entiende Baradel, "terminó siendo una reforma tibia y se quedó a mitad de camino de lo que realmente se debería haber hecho"

Para Blasco, "hay un poco de las dos cosas, tanto de convicción como de intereses. Porque muchos de los principales afectados también son amigos del gobierno. Igual que pasó con la soja, donde se habla mucho del productor pero no de los grandes pooles de siembra, que entre otras cosas son dueños de los puertos que funcionan mediante consorcios de las principales empresas exportadoras, básicamente de cereales, oleaginosas y aceites".

"Entonces esa medida que aparecía como progresista", recuerda el titular de la AJB, "ante el primer rebuzno de estos tipos, el gobierno que no estaba convencido de lo que impulsaba, no tuvo ningún reparo en echarse atrás. Esto hubiera significado un ingreso adicional a la provincia y hubiera resuelto un montón de problemas que hoy persisten".
Hugo Godoy también entiende que el actual sistema "hace recaer el peso impositivo sobre los sectores de menores recursos, trabajadores, consumidores, pequeños y medianos propietarios, y libera a los grandes grupos económicos a quienes todos los días Scioli anuncia que se les exime del pago de impuestos, como hace pocos días sucedió con Techint en Baradero".

"Es necesaria una profunda reforma impositiva", insiste, "para que esta provincia rica, que tiene su riqueza concentrada en muy pocas manos con un Estado chico y un pueblo pobre, empiece a atender las necesidades más urgentes de los bonaerenses".

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El gobierno nacional es el máximo acreedor de la provincia. La deuda del Estado bonaerense con el nacional en 2010 representa el 64% de su deuda total, y la tendencia es ascendente: ese porcentaje era el 58% en 2008 y 61% en 2009.

Sin embargo, la población bonaerense representa el 38% del total del país y participa del 35% del PBI nacional. El 36% de la capacidad instalada y casi el 41% de la mano de obra ocupada de la industria están en territorio de la provincia, generando el 65% de las exportaciones, según se detalla en el documento "Provincia rica…" ya citado.

¿Cómo se explica? Entre otras cosas, por los casi siete puntos de coparticipación federal resignados durante la gobernación del radical Alejandro Armendáriz, a fines de los ’80, que nunca se recuperaron y hoy significarían un ingreso extra cercano a los 7 mil millones (contra un déficit financiero actual de 5.350, ver nota central).

Desde entonces, la consigna de recuperar ese porcentaje histórico ha sido un clásico de cada campaña, candidato, ministro y gobernador bonaerense, sin resultado. "El criterio siempre termina siendo adecuarse a los pocos recursos existentes", señala Blasco, "en vez de enfrentar y reclamarle a los gobiernos nacionales los recursos coparticipables que corresponden".

Esta situación que se da en Buenos Aires, agravada por el fuerte contraste con su importancia decisiva en la generación global de los recursos nacionales, se enmarca en un esquema general de provincias deficitarias y Nación con superávit. "Los presupuestos provinciales tienen déficit", explica Amor, "porque el sistema está pensado para que tengamos superávit nacional que permita cumplir los compromisos externos. Entonces todas las provincias tienen deuda con el país".

El año pasado, ante la Reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal el economista Raul Dellatorre señalaba que "tras tres años consecutivos en que la situación fiscal de las provincias viene deteriorándose paulatinamente, el cuadro alcanzado este año es peor que el existente en 2001".

Tampoco rindió lo esperado la coparticipación del 30% de las retenciones a la soja, anunciada en pleno conflicto con las patronales del agro. Según Dellatorre, "se calculaba que la medida iba a suponer una transferencia extra anual de 6520 millones de pesos a las provincias, pero la posterior caída en los precios internacionales y declaraciones de los exportadores menores a las esperadas, demostraron que el beneficio resultará muy inferior".

Fuente: Revista En Marcha, Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA)