El poder real, bajo conceptos vertidos por la Administración Provincial de Impuestos y la Subsecretaria de Ingresos Públicos (API), parece que se refiere a los poderes económicos (grandes empresas, multinacionales, etc.), pero cuando se refiere a los trabajadores, esto parece referirse a un gremio que “garantiza que todo funcione normalmente”. Juntar en la misma frase ambas cosas sugiere al menos que se trata de lo mismo.

Qué puede garantizar que “todo funcione normalmente” sino que se respeten los derechos de los trabajadores. Derechos enumerados hasta el hartazgo, que una vez mas estamos dispuestos a enunciar: Ingreso a Planta Permanente de contratados, dejar de nombrar a dedo las subrogancias, participación en las paritarias jurisdiccionales, participación en las Comisiones de relaciones laborales, y hasta lo más puntual que pongan a disposición de todo el personal la información que les compete. En definitiva, que el cambio no sea un enunciado.

Es casi obvio que cuando se profundiza un cambio necesario para la gestión implica desaciertos, aciertos, marchas y contramarchas, conflictos y más dialogo. Pero este dialogo es con todos, con todos los trabajadores, no con un “gremio que garantice”. ¿Qué es lo que garantiza?

Mucho hemos hablado en gobiernos anteriores de la sociedad explicita de cogobierno con el gremio que se autoproclama mayoritario, que lejos de respetar los derechos de los trabajadores han solo “garantizado a sus privilegios” en detrimento de todos. Y en función de esto, la historia se repite. Con este nuevo “acuerdo garantizador” se avanza aún más, y todo se alinea con un co gobierno donde el poder real conduce (la CGT y el PJ)

No parece ser muy diferente a lo que ocurre en el INDEC Nacional, donde un grupo gremial elegidos disciplinadores “garantiza una estadística acorde para la información pública”. ¿Qué se quiere garantizar en la Provincia y en la Subsecretaria de Ingresos Publicos? ¿El funcionamiento normal?, ¿cuál?

Cuando desde ATE y la CTA desde el año 2003 hablamos de la necesidad de una Reforma Tributaria, y nos opusimos a un proyecto privatizador de los recursos del Estado, estaba claro que los gobiernos “dialogaban” con los grupos económicos y que internamente contaban con el apoyo de sus socios gremiales como brazo disciplinador.

Hoy el intento de avanzar sobre la reforma tributaria: Que paguen todos, y que paguen los que tienen mayor capacidad contributiva. Terminó con el aumento al inmobiliario urbano y con algunas medidas secundarias, que se significo muy pequeño avance sobre “los poderes reales”.

Si fueran frases desafortunadas, tendríamos los hechos que contaran la historia de lo que sucede dentro de la API. Sólo se dialoga con los que garantizan que todo siga igual, como en todas estos años desde la creaciónde la API.

En definitiva el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante hacia los trabajadores y la API la misma política que el Gobierno Nacional imprime al INDEC.