En las últimas dos semanas movilizaciones masivas paralizaron a Panamá en pos de la anulación de la reforma laboral aprobada en el parlamento e impulsada por el gobierno neoliberal del empresario supermercadista Martinelli que anula derechos laborales básicos.

Justamente en una de estas marchas realizadas en la región bananera, durante una huelga en Bocas del Toro, se produjo una feroz represión policial que terminó con un saldo de seis muertos, según las organizaciones gremiales, y de dos, de acuerdo a la versión oficial. También se habla de unos 120 heridos.

Esta situación generó el repudio de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) , que le envió una carta al presidente panameño en la que lo responsabiliza por “esta actitud contraria a los derechos humanos fundamentales, amparada en el país que usted preside por la ley 30, que viola el derecho a huelga y a la libertad sindical, penalizando a los trabajadores que realizan protestas hasta con dos años de prisión”.

La misiva, que lleva la firma del secretario general de la CCSCS y secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Adolfo Aguirre, señala que “esta normativa es claramente ilegítima ya que atenta contra los derechos conquistados históricamente por los trabajadores y,
además, viola principios jurídicos fundamentales y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros”.

La Coordinadora, que agrupa a 13 centrales obreras de la Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, también expresa el “profundo rechazo a este accionar aberrante e inhumano, además de exigir firmemente el cese de esta violencia represiva estatal y la investigación de estos hechos, hallando y castigando a los culpables de los asesinatos y las agresiones”.

También demanda la derogación de la Ley 30 ya que “constituye una herramienta represiva.

del Estado contra el pueblo y los trabajadores” y los derechos laborales “solo pueden ser ejercidos en un clima libre de violencia, represión o maltratos de cualquier tipo contra sus líderes o miembros, y es responsabilidad de los gobiernos asegurar que así sea”.