Sobre el particular, el secretario Gremial de la Seccional Río Grande de la Central y legislador provincial, Osvaldo López, refirió que “es un proyecto que estamos discutiendo desde finales del año 2005, en que por primera vez publicamos los aspectos más básicos de la iniciativa. Como el proyecto apunta a resolver cuestiones vinculadas a derechos básicos de importantes sectores de nuestra población, obviamente tiene que ser elaborado de modo participativo y amplio".

Agregó que "por eso estamos llevando adelante diversos foros, conjuntamente con organizaciones y militantes sociales, políticos, sindicales, de diversa extracción, porque como adoptamos la perspectiva de la política de Estado, entendemos que no puede ser bandera de un solo sector".

"De ahí que –refirió López- a mediados de mayo de este año nos reunimos en Río Grande con el senador José Martínez quien, al igual que su compañera de bancada, la senadora María Rosa Díaz, están de acuerdo con el proyecto y se han sumado a trabajar en él articuladamente con el movimiento social, promoviendo y facilitando las reuniones, gestiones, asesoramientos e investigaciones que se pueden aportar de ámbitos nacionales”;

Sostuvo además que “a título de ejemplo, uno de los resultados de esas gestiones fue la reunión mantenida el 4 de junio de 2010 con uno de los Directores del Mercado Central de Buenos Aires, Fabián Dragone”, reunión a la que asistieran junto al secretario general de la CTA fueguina, Jorge Portel, “y que fuera materia de un amplio informe que se le enviara a dicho Director el 12 de junio, juntamente con todos los documentos y antecedentes de la idea”.

Consultado sobre algunos pormenores del proyecto, López indicó: “Tal como ya lo hemos manifestado públicamente en diversas oportunidades y por diversos medios, se trata de crear una empresa del Estado para que intervenga en la economía y en el mercado no sólo regulando de manera indirecta los precios de determinados productos de primera necesidad sino también directamente abasteciendo de dichos productos al público consumidor, a precios razonables y accesibles, desprovistos de la vocación lucrativa, a veces desmedida, que caracteriza a los empresarios del sector privado, porque estamos convencidos de que la alimentación de la población, su vestimenta y los materiales básicos para la construcción o mejoramiento de sus viviendas no pueden ser cuestiones que no interesen al Estado, absolutamente libradas a las posibilidades que a cada habitante de la provincia, individualmente, le brinden las leyes del mercado, sino bienes a los que todos tienen que poder acceder con prescindencia de sus situaciones o posiciones socio económicas, como una manera de elevar los estándares mínimos que hacen a un nivel de vida digno, de modo de poder contribuir a la erradicación del hambre y de la pobreza”.

Fuente: www.p.23.com.ar