La Cámara de Acusación de la Justicia de Córdoba rechazó la pretensión de los gremios que denunciaron irregularidades en el Instituto Provincial de Atención Médica (IPAM), de constituirse en querellantes particulares en esa causa. Por mayoría de dos votos contra uno, el Tribunal confirmó lo que en su momento dispuso la jueza de control N° 1, Ana Lucero Offredi. Por la posición mayoritaria se pronunciaron los camaristas Francisco Gilardoni y Daniel Ottonello, mientras que a favor de aceptar a los gremios como querellantes se expidió Luis H. Ortiz, vocal de la Cámara 8ª del Crimen. Para los dos primeros, los representantes de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), SUOEM y ATE no están autorizados por la ley para constituirse en querellantes particulares, en una investigación donde lo que está en juego es el supuesto mal manejo de dineros públicos, aunque parte de esos fondos haya salidos de los descuentos de sueldos de afiliados a esos sindicatos. Para Ortiz, en cambio, esa situación de aportantes al sistema es lo que da fundamento y legitimidad a su reclamo de intervención en el proceso. La CTA ha respaldado esta presentación y ratificado la necesidad de restituir la conducción del IPAM a los trabajadores y erradicar definitivamente las gerenciadoras de la mayor obra social de la provincia.