El mismo informe desliza que la precarización laboral en el propio estado llega hasta el 45% de los trabajadores y el 70% del sueldo es en negro.

El estudio elaborado por el CDP señala que entre 2003 y 2009 el estado provincial pasó de los 29.722 a los 38.991 trabajadores; que la distribución de los recursos humanos fue en forma despareja y el sector que más personal incorporó fue la policía.

De estos 38.991 trabajadores de planta permanente, 19.313 prestan servicios dentro de la administración central, en tanto que los 19.678 restantes desarrollan tareas en los organismos descentralizados.

En lo que compete a la administración central la distribución es la siguiente: 5.046 empleados desempeñan funciones en el área de la salud, 7.445 en la Policía, 1.856 en el Poder Judicial, 356 en el Tribunal de Cuentas, 1.075 en la Gobernación y 3.535 se distribuyen entre los otros ministerios.

El caso de los trabajadores precarizados concentra un punto particular. El gobierno juega con contrataciones temporales atadas a sus propios intereses. Es así que en períodos electorales refuerza las contrataciones o lo mismo hace cuando abren algún nuevo centro de Salud, donde a los compañeros se les hace muy difícil conseguir su pase a planta.

No deja de ser extraño que Salud tenga menos recursos humanos que las fuerzas de seguridad. Si se quiere ofrecer una segunda lectura se diría que el gobierno antepone acallar el reclamo social antes que brindar soluciones a los problemas.

Los trabajadores precarizados en las distintas áreas del Estado oscilan entre el 25 y el 45% del personal.

En cuanto a la situación salarial casi el 70% del sueldo es en negro. Si el gobierno tuviera verdadera voluntad de favorecer a sus trabajadores podría ir blanqueando, escalonadamente, los diferentes adicionales que se suman al salario. Por ejemplo el aumento otorgado en abril fue llevado al básico, pero la segunda parte que da en el mes de agosto vuelve a ser no remunerativo y no bonificable.