
ACTA tuvo acceso a una carta que el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, le envió desde su exilio en República Dominicana al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en el que hace un llamado a la "estructuración" del movimiento, a dar a luz al proyecto de una Asamblea Constituyente y no olvidar a las víctimas en defensa de la democracia.
El presidente destituido de Honduras, Manuel "Mel" Zelaya, envió una carta -fechada el 11 de agosto- a los delegados del FNRP, desde su exilio en República Dominicana, en el que señala que ante las “múltiples misivas de compatriotas que me expresan su preocupación por el ambiente de violencia que impera en el país, además del deterioro económico y altísimo nivel de represión, que el régimen de Porfirio Lobo, sucedáneo al golpe de estado, pretende ocultar, forzando una imagen de `normalización’ que contrasta con esta dura realidad en que está viviendo la mayoría de la población. Por tanto, considero apremiante fortalecer el papel que el Frente está jugando en este proceso” para que “eleve sus niveles de organización y defina su vida organizada mediante la estructuración de todos sus órganos de trabajo”.
“Es trascendental -continuó Mel- hacer un llamado a la población a respaldar con decisión y acción las luchas de nuestros compañeros, ante las andanadas del régimen que actúa como untítere del gobierno de Estados Unidos y en defensa de los intereses de sus empresas y sus subsidiarias hondureñas; sin embargo, también es relevante que el Frente Nacional de Resistencia Popular eleve sus niveles de organización y defina su vida organizada mediante la estructuración de todos sus órganos de trabajo”.
El mandatario derrocado el 28 de junio de 2009 llamó a un debate interno que “produzca acuerdos y consensos para el fortalecimiento del FNRP en el cumplimiento de sus objetivos” al tiempo que se constituya una estructura que “reúna, convoque y aglutine al pueblo hondureño en los objetivos de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para la refundacion del país y la toma del poder”.
También golpeó duro al mandatario actual: “el plan del régimen de Porfirio Lobo, con apoyo de EEUU, sus campanas de engaño y desprestigió, es mantenerme fuera del país, desterrado en un forzado exilio”, dijo y remató: “no tiene más derecho Hugo Llorens (Embajador de los Estados Unidos y promotor del golpe) a vivir en Honduras, que este catracho olanchano que les escribe”.
Recordó Zelaya -que actualmente es coordinador del Consejo Político de Petrocaribe- que el informe de la Comisión de la OEA ya ratificó “lo que manda la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos, que todos los ataques de persecución judicial en mi contra deben ser finalizados por el régimen para allanar mi retorno en condiciones seguras y ejercer mis derechos políticos en resistencia, y pacíficamente derrotarles”.
Al tiempo que reconoció el trabajo “valiosísimo” realizado por el FNRP convocó a “organizarnos en una forma impecable y asumir de inmediato una postura unitaria que convoque a todas las fuerzas en resistencia; hoy más que nunca es necesario que enfoquemos nuestra visión en el fortalecimiento del Frente en todos sus aspectos”.
“La defensa de los hondureños y de sus DDHH seriamente violados desde el fatídico 28 de junio del 2009, nunca la vamos olvidar hasta que se haga justicia”, concluyó.
El cierre de la firma fue con un “hasta la victoria”.
El Comité para la Defensa de Derechos Humanos de Honduras (CODEH), informó que tres miembros del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguan (MUCA), quienes según testimonios de fuentes de entero crédito, fueron acribillados con armamento de grueso calibre cuando se dirigían hacia la comunidad del Paso Aguán, en Tocoa, Colón. Así l informó la agencia La Polilla.
Las víctimas son Víctor Manuel Mata Oliva (40 años), Sergio Magdiel Amaya
(18 años) y Rodving Omar Villegas (15 años), quienes se transportaban en
un vehículo con procedencia de la ciudad de Tocoa y justamente a
inmediaciones de la Cooperativa Panamá, sufrieron este atentado mortal, el
que se presume está a cargo de la seguridad privada del señor Miguel
Facussé, debido al tipo de arma utilizada, pues en la escena del crimen se
encontraron casquillas de fusil AR-15 y de AK-47.
"La problemática de tierras en el Bajo Aguán ha desbordado un clima tenso
en la zona, donde se realizan detenciones arbitrarias a miembros del MUCA,
en un clima de inseguridad para las personas que se encuentran en los
asentamientos, al estar expuestos a armas prohibidas por la ley que están
en poder de los guardias de seguridad del empresario Facussé y ha vista y
paciencia de las autoridades del sector", explica el medio.
Al tiempo que amplia que "investigaciones recientes demuestran que el Señor Facusse cuenta con un grupo de hombres armados que se han constituido un peligro eminente en la zona, sobre todo contra los campesinos del MUCA, se ha detectado, este equipo de hombres armados se han constituido en un grupo para empresarial articulado a los cuerpos militares y policiales lo que demuestra la aquiescencia del estado; es de destacar que el dia de hoy se movilizo a la
zona un contingente de militares y policías que se han dedicado a montar
operativos en las rutas de acceso a los asentamientos campesinos,
precisamente a escaso metros del lugar del crimen se ha instalado un
operativo militar que hace que las personas se bajen de lo carros y llegan
al abuso de quitar las camisas de las personas que son sometidas a fuertes
registros y buscado en listados que premeditadamente han creado, quienes
están interesados en la construcción del terror, miedo y muerte están
atrás de estos operativos que ponen en evidencia la persecución selectiva
a quienes hoy buscan la tierra para garantizar su seguridad alimentaria".
CODEH denuncia que el Ministerio Público, teniendo conocimiento que este
caso caracteriza una muerte extrajudicial, sumaria o ilegal, omitió hacer
la autopsia que por ley corresponde en estos casos, desconociendo las
reglas mínimas de las que habla el Protocolo de Minnesota en estos casos,
no queda duda que esta actitud esta contribuyendo a la construcción de la
impunidad institucionalizada.
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