La resolución del TSJ de Córdoba devino tan arbitraria –sostuvo la AGEPJ en conferencia de prensa- que generó el rechazo de numerosos abogados del fuero y de todos quienes conocen al compañero Blanco, con una antigüedad de 25 años en el Poder Judicial.

El gremio, filial de la FJA-CTA denunció la política del TSJ, que pretende marcar “estándares medios de conducta” para los trabajadores, mientras mantienen sin ninguna sanción a José Luis Santi, ex personal civil de inteligencia de la dictadura, y protegen a un juez acusado de maltrato por sus empleados.

Se señaló que en el Alto Cuerpo nunca se consideró “falta de decoro” la irregularidad cometida por la vocal Tarditti, quien cobraba asignaciones por incapaces internados, algunos de los cuales estaban fallecidos y tuvo que reintegrar ese dinero.

La AGEPJ informó que el maltrato a los trabajadores judiciales ha llegado al extremo de incorporar y cesantear en el lapso de un mes a la joven Luciana Cutri, de Laboulaye, quien ingresó a trabajar por concurso luego de dos años de estar contratada, y luego se la cesanteó sin causa, para volverla a llamar a los pocos días para su reingreso y nuevamente se frustró esta expectativa, en una suerte de broma macabra. Luciana estaba embarazada mientras padecía este maltrato, estando hoy desocupada con su hijita de apenas semanas de vida.

Agrega la filial de la FJA que los judiciales están hartos de un Poder Judicial manejado caprichosamente por un Tribunal Superior de Justicia que ya ha demostrado su total incapacidad de conducción, demostrado en el reciente asueto de tres días repudiado por la sociedad.

Por ello, la AGEPJ ha convocado a la ciudadanía a un Foro en Defensa de la Justicia, “para que los cordobeses merezcan un Poder Judicial que le sirva al pueblo, y no a los amigos del poder”.