La cruda realidad quedó al desnudo oficialmente a través de estadísticas sanitarias relevadas en zonas con uso intensivo de herbicidas y plaguicidas, por caso las arroceras en el Departamento Bermejo.

Los datos confirman las denuncias que desde hace años realizan los vecinos: es notable el aumento de casos de cáncer en niños y malformaciones en recién nacidos, tal lo sostiene un estudio oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco.

Los casos de cáncer y problemas respiratorios están focalizados en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, ubicadas a 70 kilómetros al noreste de Resistencia. A causa de esto y la denuncia de los vecinos damnificados la Justicia incluso llegó a ordenar que se paren las fumigaciones aéreas y exigió urgentes estudios de impacto ambiental

El barrio La Ralera en la zona sur de La Leonesa, linda con campos de arroz y las familias del lugar desde aproximadamente ocho años claman a las autoridades por los serios problemas de salud producto de las intoxicaciones y la contaminación del agua por los agroquímicos. “En el barrio no crecen frutas, verduras y hortalizas. Se secan los naranjos y limoneros, como también los paraísos y otros arbustos. Pero lo más importante: los vecinos se enferman frecuentemente de patologías recurrentes y repetidas”, denunció a fines del 2008 el Centro de Estudios e Investigación “Nelson Mándela” de Derechos Humanos que conduce el abogado Rolando Núñez. También denunció el peligro de las comunidades indígenas y familias criollas cercanas a las arroceras. “Es más que seguro que continúen las lluvias de agrotóxicos y comiencen a manifestarse las enfermedades asociadas a la actividad”, alertó entonces.

Los vecinos de este lugar llegaron a presentar un recurso de amparo y una medida cautelar contra las arroceras San Carlos y Cancha Larga, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Pidieron que paren con las fumigaciones, que los campos de arroz no sigan extendiéndose, que se considere la relocalización de los arrozales y se protejan las fuentes de agua que son contaminadas.
Si bien casos como estos se repican en la zona centro norte del Chaco con otros cultivos como la soja en campos de Avia Terai, Napenay, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, lo de La Leonesa y Las Palmas son un botón de muestra más que contundente.

La concejala de La Leonesa, Patricia García, alertó: “Estamos realmente preocupados por la situación que se vive. Cada vez más gente muere de cáncer, leucemia y se dan cada vez más casos de malformaciones. Además el agua no se puede tomar, directamente”. Anticipó que continuará “la lucha para que se deje de pulverizar con agroquímicos en zonas cercanas a la población. Esos químicos no tienen que estar más acá”, dijo.

El caso de la laguna “El Moncholo”

La Fundación “Nelson Mandela” también advirtió sobre lo que pasa con los cursos de agua contaminados por agrotóxicos usados de manera discriminatorio y de manera irresponsable.

Aproximadamente el 60% de las poblaciones de Las Palmas y La Leonesa están conectadas a la red de agua. Sin embargo, amplias zonas urbanas y suburbanas no cuentan con el servicio domiciliario que consumen el líquido vital a través de perforaciones, pozos de aguas, lagunas o riachos. No aplican métodos de potabilización, aunque fuere el más precario. Consumen agua cruda o virgen, con todo lo que esto puede implicar. Las costumbres y los parámetros culturales mantienen inalterado los usos.

La organización de derechos humanos “Nelson Mándela” advirtió hace tiempo que “el agua que consume la población de estas localidades es proporcionada por la empresa estatal SAMEEP. Las principales fuentes finales de agua son el Río Paraguay y las lluvias que nutren la rica red de ríos, riachos y lagunas de la región. El agua que se capta del Río Paraguay ingresa el territorio chaqueño a través de un canal artificial que desemboca en cercanías del viejo puerto de Las Palmas. Es trasladada por cañerías y canales, y se la bombea hasta el espejo de agua que actúa como reservorio, que no es otro que la laguna “El Moncholo”, ubicada en el propio casco urbano de Las Palmas, lindante con la gran arrocera de propiedad de sociedades comerciales cuyo representante visible es Eduardo José Meichtry, con una extensión actual aproximada de 3.000 hectáreas de cultivos.
El espejo de agua que supone la laguna “El Moncholo” está sometido a variabilidades de niveles por consumo, evaporación y filtración, que se repone a través de las cañerías que proporciona agua a la arrocera de Meichtry, que cuenta con moto-bombeadores de propiedad del Estado provincial, que anteriormente integraba el sistema de bombeo del área metropolitano, ahora funcionando en tierras privadas.

Desde “El Moncholo” se transporta la masa de agua a la planta potabilizadora de SAMEEP donde el método de desinfección se lleva adelante por medio de cloración, utilizándose hipoclorito de sodio”.

La toma de Sameep se ubica a muy poca distancia de Punta Ñaró, a pocos metros de uno de los esquineros de la arrocera de Meichtry. La plantación comienza a no más de 300 metros de este lugar. El declive natural se orienta hacia “El Moncholo”.

Cerca de Punto Ñaró se abrió un estrecho canal que comunica la laguna con la arrocera, de modo que todo está interconectado, lo que no permite descartar que durante el proceso de descarga que se efectúa antes de la cosecha de arroz, parte de las aguas que contienen agrotóxicos de la arrocera de Meichtry ingresen al recinto de la laguna “El Moncholo”, con lo cual se estaría invalidando la fuente de agua por contaminación, generándose un serio y grave riesgo o daño sanitario, social y ambiental”.

De esta manera se plantea el gravísimo problema en estas poblaciones que padecen una contaminación que no cesa. En este caso se trata del cultivo del arroz pero las grandes extensiones chaqueñas desmontadas para facilitar la producción de soja afecta a miles de familias chaqueñas, justamente las más desprotegidas y abandonadas de todo amparo del Estado. Un costo social doloroso en el que la vida humana es sólo un número más para la ecuación final del gran agronegocio.

Freno a la fumigación

Tras la difusión de los estudios realizados los vecinos de Las Palmas y La Leonesa, solicitaron a las autoridades administrativas que cumplan con las recomendaciones emanadas de los tres poderes, tanto Ejecutivo, Legislativo como Judicial.

Los vecinos de Las Palmas y La Leonesa brindaron una conferencia de prensa donde resaltaron los avances obtenidos en la lucha contra las fumigaciones en la zona con agroquímicos por su gran efecto nocivo no solo a la salud de las personas sino al medio ambiente, entre las cuales se encuentran los informes realizados tanto por comisiones dependientes del Gobierno Nacional como por el Ejecutivo que corroboran las denuncias realizadas. En este sentido solicitaron a las autoridades administrativas que tengan en cuenta para la toma de decisiones las conclusiones y recomendaciones de las mismas.

Uno de los vecinos y secretario general de la CTA Las Palmas que lucha para frenar este “envenenamiento”, Elio Servín, explicó que “la provincia no escapa al modelo productivo que se está implementando con la utilización de agroquímicos que afectan de sobre manera la salud y el ambiente”.

En esta línea aseguró que “están existiendo algunos adelantos a medida que vamos peleando, luchando, se van tomando algunas decisiones políticas”, indicó.
Más adelante ejemplificó “el Ejecutivo, ya sea nacional con el decreto 21/09 crea la comisión investigadora de agroquímicos. Esta comisión se constituyó en la zona y dio un dictamen que comprueba que lo que nosotros denunciamos era la verdad. No obstante esto seguimos peleando”, sostuvo.

En el mismo orden se encuentran los resultados del informe que elaboró la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del agua, creada por decreto del Gobernador en el 2009, donde a través de registros hospitalarios confirman la mayor existencia de casos de cáncer y malformaciones coincidentes con el inicio de las fumigaciones.

Por su parte el vocal del Instituto de Cultura, Gary Pérez señaló que “los informes técnicos tanto de la Nación como de la Provincia le dan la razón a los vecinos, en las medidas cautelares le dan la razón a los vecinos, o sea que todos les están dando la razón a los vecinos por lo tanto lo único que le resta a los funcionarios públicos y al estado en general es cumplir con las recomendaciones técnicas de los informes y cumplir las órdenes de la justicia, algo tan simple como eso hasta que haya una resolución definitiva se tiene que suspender las fumigaciones por que evidentemente hasta ahora la razón la tienen los vecinos”, detalló.

Asimismo resaltó que “hay responsabilidad de los funcionarios públicos que se han manifestado contrario a las medidas, esperamos que si existen juicios que signifiquen un perjuicio para la provincia se hagan cargo con su patrimonio por que evidentemente algunos ministros y funcionarios están saliendo a manifestarse y acá hay dictámenes técnicos y científicos, y hay medidas de la justicia, por lo tanto no pueden negar y hay una responsabilidad pública de estos funcionarios que esperemos asuman”, y agregó “incluso una orden que dio el Gobernador de cumplimiento irrestricto de la ley de biocidas que sabemos que no se está cumpliendo, así que por lo menos los ministros tomen medidas en el asunto y respondan y obedezcan a la justicia y se pongan a hacer las cosas como corresponde”.

A su turno el abogado de los vecinos, Pablo Martín Fernández Barrio, recordó que “el juzgado civil y comercial Nº 14 donde quedó radicado el amparo y la medida cautelar emitió una resolución haciendo lugar a la medida cautelar y suspendiendo las fumigaciones y pulverización ya sea aérea o terrestre o por un espacio de tiempo”. Y agregó “también ha ordenado una serie de medidas al ministerio de la Producción y al ministerio de Salud, como estudios de impacto ambiental, informes sanitarios, entre otros”.

También indicó que “lado la acción de amparo del juez civil de Resistencia se opuso a la declaración de incompetencia de la Justicia Federal, por que esta era una causa se había interpuesto en su momento en la Justicia Federal y esto se estaría tramitando en la Corte Suprema quien determinará si es de competencia Federal o Local”, finalizó.

Servín de la CTA, también indicó que “tras la denuncia realizada ante Gendarmería Nacional donde envía al Juzgado Federal el expediente, el Fiscal Gustavo Corregido realizó una investigación con lo cual quedamos tremendamente satisfechos pero lamentablemente el juez Federal Valiente desestimó la competencia”.

“Hay grandes intereses”

El jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero, es una antigua voz que alerta en el Chaco sobre los efectos sanitarios de los agroquímicos. En el 2000 presentó una carta a la Cámara de Diputados de la provincia. Advertía sobre el incremento notable de casos de malformación, lo relacionaba con el corrimiento de la frontera agropecuaria y, sobre todo, instaba a realizar estudios “serios y completos” sobre las poblaciones cercanas al uso de agroquímicos. Lo convocó la Comisión de Salud de la Legislatura, lo escucharon y prometieron volver a llamarlo. Pero nunca lo hicieron.

Lucero aún guarda una hoja amarilla, copia de aquella carta de alerta de hace diez años. “A mediados de la década del ‘90 llegaban casos de malformación, supuestamente ligados a los herbicidas organofosforados usados en los ’70 y ’80. Pero a partir del avance de la soja el crecimiento de casos fue exponencial. Me encargaba de realizar estudios y confirmaba que no se trataba de defectos genéticos, como se intentaba decir, sino de otros factores”, recuerda el investigador.

“Hay grandes intereses económicos para que esta situación no tome estado público, basta ver lo que le sucedió a Andrés Carrasco (investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología de la UBA que en 2009 alertó sobre los efectos del glifosato y luego enfrentó una campaña de desprestigio), pero los casos son tantos que no se pueden esconder, los mismos datos de hospitales públicos confirman los efectos”, afirmó Lucero.

El monte, arrasado por las topadoras

En el Chaco nadie puede detener la tremenda deforestación que pulveriza el recurso natural con un verdadero ejército de topadoras las que trabajan de manera ilegal especialmente en zonas de los departamentos Almirante Brown y General Güemes. A pesar de la Ley de Bosques aprobada, reglamentada y en plena vigencia el quebracho, algarrobo, urunday, guayaibí, entre otras especies, están condenadas a muerte.

De acuerdo a los últimos relevamientos satelitales del Centro de Geoinformación ubicado en la ciudad de Sáenz Peña ubicada en el centro de la provincia, hace días descubrieron más de 5.000 hectáreas de montes topadas de manera clandestina. El Chaco tiene 5.000.000 de hectáreas que necesitan de un control constante pero la infraestructura de la Dirección de Bosques parece insuficiente y además tiene muchas denuncias sobre corrupción, admitidas por el propio director de Bosques del Chaco, Miguel Angel López.

Reconoció que a partir del descubrimiento del otorgamiento de guías truchas que se comercializaban desde algunas oficinas del organismo en distintas localidades del interior “se estableció un sistema corrupto perverso que estamos trabajando e investigando a través de un control interno”.

El desmonte chaqueño viene de muchísimos años atrás que llegó a un punto culminante durante la década infame que comenzó un poco antes del 2000, durante la cual se estableció una zona liberada para la depredación del recurso natural chaqueño especialmente el forestal. En la zona norte del Chaco, conocida como El Impenetrable, no sólo se explotó el monte natural sino que además se sometió a una situación de esclavitud a los trabajadores del sector.

Los habitantes aborígenes y criollos que viven de lo que produce el monte en esos lugares fueron expulsados y llevados a vivir en situaciones paupérrimas conviviendo con la hambruna y las enfermedades.

El avance de la sojización, los empresarios forestales, más las tanineras que pulverizan el quebracho colorado, tienen hoy al monte chaqueño en terapia intensiva y con un tremendo daño social irreparable.

En pie de guerra por el electroducto

En el Chaco la traza del electroducto que lleva adelante la empresa Líneas del Norte S.A. (Linsa) provocó la férrea oposición de pobladores de una zona rural de General Vedia, una comunidad del departamento Bermejo ubicada a más de 100 kilómetros hacia el noreste de Resistencia.

Los habitantes del Lote 16, integrado por pequeños productores que lograron organizarse en un conglomerado que vive de lo que produce, lograron una estructura social que logró dignificar y mejorar la calidad de vida de esas familias. Resolvieron arraigarse y no migrar a las grandes ciudades a engrosar las villas miserias expulsados del campo producto de la sojización, la entrega de tierras para desmonte, entre otras explotaciones de los recursos naturales chaqueños.

La lucha de estos chaqueños tiene que ver con que la traza del transporte de energía mayorista pasa por zonas habitadas y las advertencias de esa comunidad tiene que ver con que el campo electromagnético no solo afectará muy gravemente a la salud de la población, especialmente a los chicos que son el futuro del lugar sino a los animales que utilizan para sobrevivir como sus vacunos, ovejas, aves de corral, entre otros.

El riesgo también pasa porque la traza roza la población de General Vedia, especialmente una escuela Esto llevó hace días que la comunidad recurriera al extremo de cortar la ruta nacional 11 en esa zona para que las autoridades enfoquen su agenda en este problema. El tema fue aprovechado por la oposición política que utilizó el serio problema social por lo que utilizó de rehenes a los vecinos para sus propios intereses.
Hoy, el reclamo sigue más allá del compromiso del gobierno chaqueño de ocuparse de encontrar una salida.

Lo cierto es que esa población en función del “progreso” termina como un costo más de la obra y un daño “colateral” en una sociedad cada vez más deshumanizada.

En definitiva el Gobierno de la provincia del Chaco, como las demás autoridades de los Estados provinciales involucrados en el electroducto NEA-NOA tienen que ejercer la potestad de controlar y fiscalizar cada tramo dentro de sus límites en resguardo por sobre todas las cosas de la salud de las personas y el ambiente.