El Comité Ejecutivo fue conformado por Abuelas de Plaza de Mayo, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el Laboratorio de Políticas Públicas, la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA-CTA).

Entre los panelistas estuvieron presentes: Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Hugo Yasky, de la CTERA; Alberto Sileone, ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires; Daniel Filmus, ministro de Educación de la Nación; Jorge Telerman, Jefe de Gobierno porteño; Emir Sader, del Laboratorio de Políticas Públicas del Brasil y Eduardo Murúa, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Además, estuvieron representantes de sindicatos docentes internacionales y de nuestro país.

Fue justamente la presencia de docentes, educadores populares y dirigentes de distintas organizaciones sociales y gremiales de toda la Argentina lo que reafirmó la voluntad de los trabajadores de defender la educación al servicio de la población.

La síntesis del Foro Mundial de la Educación estuvo en boca del secretario general de la CTERA, Hugo Yasky, quien pronunció un contundente discurso de apertura. “En primer lugar quiero agradecer la presencia de compañeras y compañeros de lucha de los sindicatos y de las organizaciones populares de América Latina. Los compañeros de Uruguay, hermanos de muchos años de lucha, los compañeros de Chile que sufrieron la dictadura de Pinochet, la municipalización de la educación, la privatización y hoy siguen de pie, peleando, recuperando derechos. Los compañeros de Cuba, de Brasil, de Venezuela, nuestros hermanos de Bolivia, de Perú y de Nicaragua”, comenzó el dirigente.

Además, Yasky informó que estuvieron presentes trabajadoras y trabajadores de la educación no sólo de la Capital Federal, sino también de Formosa, Misiones, San Juan, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Tierra del Fuego, Tucumán, San Luis, La Pampa, Santa Fé, y de la provincia de Buenos Aires.

“Hay un solo camino para garantizar la vigencia absoluta del derecho a la vida, del derecho al conocimiento, del derecho a la alimentación, del derecho a la salud, del derecho al disfrute de la cultura, del derecho a sentirnos seres humanos. Un solo camino, y es la organización popular. Nosotros venimos acá a aprender, a escuchar, a intercambiar experiencias. A tratar de profundizar nuestro conocimiento de la realidad, pero no para tener un diploma más colgado en el aula. No para tener algo que acredite que estuvimos haciendo un curso de capacitación. Venimos a tratar de profundizar nuestro conocimiento de la realidad para transformarla”, sostuvo Yasky.

“El golpe militar fue un golpe tremendo para la Escuela Pública. Y también los que vinieron después con el proyecto neoliberal a instalar en este país la naturalización de la pobreza. Los que vinieron a tratar de convencernos que nos íbamos a eyectar al primer mundo exportando materia prima. Los que vinieron a retrotraernos de nuevo a ese viejo proyecto de las oligarquías locales, sabían, también, que tenían que destruir la Escuela Pública. Porque necesitaban mano de obra barata. Porque necesitaban clientelismo político. Porque necesitaban sumisión. Porque necesitaban silencio”, recordó luego.

Para el dirigente, “ésta fue la impronta y la matriz, el patrón, de reformas educativas que se hicieron en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en México” porque “toda América Latina, en la década de los noventa, sufrió reformas educativas que pusieron al maestro en el banquillo de los acusados. Pretendieron culpabilizar a quienes estábamos en las aulas, del problema de la deserción escolar, del problema del fracaso escolar. Y esas reformas educativas, que nos las vendían como la fórmula para eyectarnos al primer mundo globalizado, tuvieron todas una misma característica: ajustar los salarios de los trabajadores de la educación, terminar con los presupuestos educativos, restarle recursos a la Escuela Pública y generar circuitos diferenciados para que en esta Argentina moderna, como ellos decían, hubiera educación de primera para los que iban a mandar, y hubiera una educación deteriorada, sin ningún horizonte, para aquellos que tenían que obedecer”.

Finalmente, el titular de la CTERA, afirmó que hoy “estamos en un proceso de ofensiva para recuperar la educación como un derecho social. Nunca más la escuela como mercancía. Por eso nosotros lo hemos firmado con los Ministros de Educación de Brasil y de Argentina. Hemos dicho: no a la integración de la Educación en los tratados de libre comercio. La educación no es una mercancía, es un derecho social. Y decimos no al intento de naturalizar la desigualdad. Nosotros no podemos aceptar que el hijo del campesino del Chaco, que el hijo del que trabaja en el quebrachal de Formosa, que el hijo del misionero, que el hijo del salteño, que el hijo del correntino, no tengan exactamente el mismo derecho en el acceso al conocimiento y a un pensamiento liberador, que puede tener el pibe que vive en la Capital”.

“Los derechos que no se garantizan por igual para el conjunto, no son derechos, se transforman en privilegios. Nosotros decimos: El Estado nacional y los Estados provinciales tienen que ser los garantes imprescriptibles del derecho social a la educación. Y decimos: Las trabajadoras y los trabajadores de la educación deben participar en la construcción de una escuela que erradique el autoritarismo, de una escuela en la que se forje conocimiento y pensamiento crítico para transformar la realidad. Debemos ser constructores de una epopeya educativa porque necesitamos el conocimiento como un arma fundamental para luchar por la distribución de la riqueza”, concluyó.

La declaración final

“Hoy, al cumplirse 30 años de la instauración de la más brutal dictadura militar de toda nuestra historia, más de 13 mil educadoras y educadores, representantes de movimientos sociales, organizaciones populares y sindicales de diversos países latinoamericanos y europeos, nos reunimos en Buenos Aires para rendir nuestro homenaje a todos aquellos que dejaron sus vidas en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. El Foro Mundial de Educación de Buenos Aires, bajo el lema Educación Pública, Inclusión y Derechos Humanos, fue el marco plural, democrático y participativo de este encuentro”, comienza la declaración final de este multitudinario Foro.

Luego de tres días de intenso debate y deliberación, los delegados y delegadas de este Foro afirmaron “su más enfático rechazo a las políticas neoliberales que cristalizan la injusticia social, la segregación y la exclusión de las grandes mayorías” y consideraron que América Latina “vive un momento político de enorme riqueza, donde la capacidad de movilización, lucha y reivindicación de las organizaciones sociales y populares constituye la base sobre la que se consolidan los avances democráticos alcanzados”.

“Reafirmamos el principio de unidad de los pueblos latinoamericanos y su capacidad de resolución de todo y cualquier conflicto entre nuestras naciones, por medio de estrategias que consoliden lazos regionales de solidaridad y fraternidad. Expresamos nuestro compromiso ético y político con un proyecto de sociedad donde todos, sin discriminación de ninguna especie, tengamos derecho efectivo a una educación pública de calidad, a la salud, al trabajo y al desarrollo pleno de una vida digna.
Estamos convencidos de que la educación es un derecho humano y social inalienable, una herramienta poderosa en la construcción histórica de una sociedad justa e igualitaria. Consideramos que la educación pública supone la deliberación democrática de las políticas y estrategias destinadas a orientar sus acciones.
Sostenemos que una democracia efectiva sólo podrá ser posible cuando se asegure a todos y a todas el acceso y la permanencia en instituciones públicas de educación, donde el trabajo cotidiano permita una apropiación activa del conocimiento socialmente significativo y de los valores que sustentan la justicia social, la igualdad y la solidaridad entre los pueblos”, indicaron luego.

Finalmente, la declaración exige “a los Estados el ejercicio de su indelegable responsabilidad de garantizar una educación pública y popular para todos los ciudadanos y ciudadanas. Resulta imprescindible que los gobiernos destinen los recursos financieros necesarios a tal fin, proponiéndose como meta una inversión no inferior al 6% de los PBIs nacionales. La educación de calidad, como la riqueza, no constituye en nuestras sociedades un bien público, sino una oportunidad expropiada por una minoría que hace del privilegio su derecho. En tal sentido, la lucha por la educación pública, debe ser siempre la lucha por una escuela popular; y la lucha por una escuela popular, la lucha por una escuela de calidad para todos y todas. Afirmamos que el carácter universal del derecho a la educación supone el reconocimiento de la diversidad cultural, identitaria y lingüística que convive en cada una de nuestras sociedades. Amplificar, fortalecer y consolidar esta diversidad es parte del derecho que tenemos a una educación de y para todos”.