"Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir". Asimismo, desde la CTA se exige el tratamiento y sanción del proyecto de ley presentado "por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito público y universal", fue el reclamo de Alejandra Angriman, secretaria de Género de la CTA.

"Es tremendo lo que se está haciendo con nuestros cuerpos, nosotras somos las que tenemos que decidir sobre ellos. No podemos dejar que mueran más mujeres por abortar en las condiciones inseguras que explican más del 30% de las muertes de mujeres actualmente, en la clandestinidad, desinformadas y sin la atención de calidad necesaria", dijo la dirigente.

"Los problemas -sostuvo- que afectan a las mujeres, resultantes de la sociedad patriarcal, deben ser priorizados en el marco de un Estado laico, democrático y participativo que impulse el cuidado integral de la salud con perspectiva de género e igualdad, respetando la diversidad socio-cultural".

En este marco, la CTA considera indispensable resolver la cuestión del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. La ley de 1921 permite situaciones en que el aborto no puede ni debe ser punible y debe garantizarse desde ya su aplicación y avanzar a una ley de este siglo, que lo permita de acuerdo a los derechos humanos de la mujer.

Es fundamental que el Congreso de la Nación legalice el aborto para que todas las mujeres que, sin distinción de ningún tipo, deben poder acceder a abortos voluntarios legales, seguros y gratuitos provistos por el sistema público de salud y con el método que ellas prefieran.

"Hacemos propio la propuesta de la Campaña Nacional por el Aborto Gratuito, Legal y Seguro, planteando que debe darse en el marco de acceso universal y gratuitamente en Hospitales públicos y centros de salud de atención primaria con consejería pública pre y post aborto", explicó Angriman.

"El Estado se encuentra obligado por sus compromisos nacionales e internacionales a prevenir los riesgos del aborto inseguro con medidas concretas y efectivas. Para esto, resulta ineludible diseñar políticas públicas en idéntica dirección que otros países de la región donde la mortalidad y los daños en las mujeres que deciden abortar se han reducido debido al uso del misoprostol (medicamento esencial y único método reconocido por la OMS como seguro para que las mujeres se auto-administren para abortar), aún en contextos legalmente restrictivos como los nuestros. Es el momento de decir basta y avanzar", explicó la titular de Género.