Los están discutiendo los compañeros en los sectores de trabajo, son temas que envuelven directamente a las familias, donde abuelos y nietos comparten una misma mesa.

Los Estados nacional y provincial tienen directa injerencia, con necedades, desatención política y negligencias, en la situación actual. Mientras hoy los jubilados cobran haberes miserables, las escuelas provinciales muestran penosos estados edilicios y un proyecto de ley provincial que habilita la enseñanza religiosa como aparente salida del agujero negro que el gobierno tiene sumida a la educación de nuestros hijos.

La deuda con nuestros jubilados no puede posponerse otra vez. La CTA realiza una Jornada Nacional de Protesta y denuncia que a pesar del fabuloso ingreso de una masa de dinero que provino de la derogación de las AFJP, en ningún momento el Estado intentó reparar la deuda histórica que tiene con los jubilados, restituyendo el 82% móvil y fijando los haberes según lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Caso Badaro.

Para las organizaciones de jubilados adheridas a la CTA, se requiere de una ley de reparto y solidaria, que responda a los lineamientos constitucionales con criterio de proporcionalidad de las jubilaciones con respecto a los sueldos de los trabajadores en actividad, que defienda la salud, la educación y la vivienda. Es decir, el bienestar del individuo desde que nace hasta que muere, tal como la manifiesta el Artículo 14 de la Constitución Nacional.

En ese sentido impulsamos que se restituyan los aportes patronales al nivel previo a la etapa Menem-Cavallo. El gobierno nacional no escuchó, tampoco los partidos políticos enredados en la carrera electoral que ven a los jubilados como prenda de disputa mediática.

El 82% móvil es una demanda cargada de plena justicia. Eso es lo fundamental. Como CTA no escapamos del contexto pero sostenemos que nuestro compromiso histórico con la lucha por un sistema previsional equitativo nos ubica del lado de quienes más han luchado, quienes más han sufrido. Junto a los jubilados, reclamamos la aprobación de la ley.

En la Provincia, los derechos de los jubilados consagrados en la ley 8024 han sido vulnerados con las sucesivas leyes impulsadas por los gobiernos de José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti, que introdujeron formulas matemáticas indescifrables para calcular el 82% del haber del activo que paga la Caja de Jubilaciones. El saqueo del organismo desvió los fondos que estaban destinados al pago de jubilaciones, como sucedió con el Fondo Complementario, hacia otros destinos no claros.

El gobierno provincial no puede eludir tampoco que la problemática previsional está en las calles de Córdoba. Ha tomado a las jubilaciones como otra ‘caja’, que administra según su conveniencia, ignorando la responsabilidad que le caben a sus funcionarios en el cumplimiento de la Constitución Nacional y Provincial.

La CTA Córdoba respalda al movimiento estudiantil secundario y entiende que los jóvenes tienen el derecho de ser parte del debate sobre qué sistema educativo necesitamos en la provincia.

La extraordinaria movilización de los adolescentes en las calles, las tomas de los colegios secundarios y terciarios, significan una brisa de aire nuevo indispensable que sacude los estamentos cordobeses. Cada uno se muestra ante el conflicto tal cuál es: el gobierno y la conducción del gremio docente provincial menospreciando la capacidad de los estudiantes de interpelar a los responsables del sistema educativo; alumnos, padres y docentes fortaleciendo una posición crítica, sumado al apoyo orgánico de los docentes universitarios.

Los que gobiernan, los que hacen de la educación un acto de campaña electoral, los que se profesionalizaron en dirigentes, los padres y docentes recibimos una gran lección. Esta vez, la dialéctica del proceso educativo resulta emocionante. La simulación adulta ya no tiene lugar, sólo nos queda aceptar el desafío planteado por los pibes.

Nuestro lugar estará hoy, como siempre, en la marcha de los estudiantes, exigiendo al gobierno provincial respuestas concretas a reclamos populares para que la educación en la provincia sea laica, pública, libre, gratuita y de calidad.