“Recordemos que dicha negociación colectiva fue abierta formalmente en junio de 2007 y en ese marco, el Estado, la CNEA, UPCN, ATE y APCNEAN, de común acuerdo, formaron tres comisiones de trabajo: una que trataría la temática referida al Ámbito de Aplicación; otra que analizaría el Régimen Escalafonario y de Carrera y una tercera que trabajaría en lo atinente a las Modalidades Operativas de Empleo y de la Relación Laboral. Dichas subcomisiones de trabajo llegaron a reunirse un par de veces, hasta que, de repente e injustificadamente, el Sector Estatal dejó de concurrir. A partir de ese momento, la paritaria está paralizada y han sido vanos hasta ahora los múltiples intentos de que prosiga la negociación”, señaló la APCNEAN, organización enrolada en la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA), a través de un comunicado suscripto por su titular, Agustín Arbor, y la secretaria adjunta Elsa Hogert.

Desde entonces, el Gobierno ha venido fijando los aumentos salariales, pretendiendo, con la connivencia de UPCN, darle el carácter de consensuadas a esas decisiones tomadas unilateralmente. “Tanto APCNEAN como ATE hemos rechazado sistemáticamente cada uno de esos aumentos considerándolos insuficientes, al tiempo que calificamos de burla el método empleado y reiteramos enfáticamente, una y otra vez, el reclamo por la continuación de la paritaria”, agrega la entidad, que da cuenta de que “el Estado empleador nunca respondió a nuestros reclamos ni tampoco explicó por qué razón hizo abandono de las negociaciones colectivas”.

Sostienen además que, dadas las circunstancias, “nos vemos obligados a recurrir a la Justicia. La acción de amparo que presentamos el día 5 de este mes de octubre, se caratula ‘Asociación de Profesionales de la Comisión de Energía Atómica y la Actividad Nuclear c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Amparo por Mora’ y se encuentra radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo No 60 cuya jueza es la doctora Alicia Noemí Puciarelli”.

La presentación ante la Justicia se fundamenta en el artículo 47 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que dispone que “todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente”.

Además, el artículo 61 de la Ley 23.551 establece que “todas las resoluciones definitivas de la autoridad administrativa del trabajo en la materia regulada por esta Ley, una vez agotada la instancia administrativa, son impugnables ante la justicia, por vía de recurso de apelación o de acción sumaria, según los casos, y en la forma establecida en los artículos 62 y 63 de la presente ley”.