Diariamente se producen despidos de delegados, activistas y militantes fabriles que son echados a la calle por obra y gracia de la falta de libertad y democracia sindical.

La mora del Gobierno en otorgar la personería gremial a la CTA y a otras casi dos mil quinientas organizaciones sindicales simplemente inscriptas y la falta de Inscripción Gremial a un millar de organizaciones de nuevo tipo no sólo vulnera la Constitución Nacional y las leyes. Perpetúa en el tiempo la indefensión de los trabajadores no representados por las estructuras gremiales tradicionales frente a los grupos de poder.

Discutir la libertad y la democracia sindical no es una cita teórica. No se trata de polemizar sobre modelos sindicales en abstracto. Por el contrario, remite a la vida concreta de miles de trabajadores que sufren en carne propia la omnipotencia patronal.

Para recuperar la potencialidad de un proyecto de transformación social es imprescindible una clase trabajadora organizada y conciente de su rol. Para que ello ocurra, tiene que ser capaz de recuperar -en el devenir de su vida cotidiana- los niveles de participación, pertenencia y representación sindical. Lo que intentó destruir la dictadura militar asesinando, encarcelando, arrojando al exilio o despidiendo a decenas de miles de militantes gremiales.

Las Fuerzas Armadas fueron el brazo armado de un modelo económico sostenido por empresarios con nombre y apellido. Ha sido evidente la complicidad de las grandes empresas en el genocidio, como el Ingenio Ledesma -que facilitó camiones e infraestructura para secuestrar a trabajadores en la tristemente célebre “Noche del apagón”-; Ford, en cuyas dependencias funcionaba un centro clandestino de detención y tortura; o los casos de ejecutivos que hacían el señalamiento de los integrantes de las comisiones internas en Mercedes Benz, Fiat, Astarsa o Acindar, por citar los casos más relevantes.

Ford tiene una larga historia de atropellos contra la clase trabajadora. Ayer, secuestros, desapariciones y despidos, hoy persecución y falta de libertad sindical jalonan su ética empresaria.

El sostenimiento del actual ordenamiento sindical es funcional a los intereses de los grupos hegemónicos y viola de cuajo el derecho humano a la libertad sindical.

Los empresarios no quieren la organización de los trabajadores dentro de sus factorías. Para sostener y profundizar el régimen de superexplotación es necesario disciplinar a la mano de obra, fragmentarla y boicotear cualquier posibilidad de organización del colectivo.

El trabajo en negro, la tercerización de servicios y la precarización laboral se explican en este contexto de falta de libertad y democracia sindical. Si existiera libertad para que los trabajadores se organicen según su leal saber y entender, si se abriera la posibilidad de elegir delegados de fábrica, paritarios y comisiones internas en las 500 empresas de mayor facturación del país, otro sería el cantar.

El destino de miles de obreros ya no estaría sujeto al yugo del trágico contubernio entre la burocracia y la patronal. Se habilitaría una nueva y dinámica práctica política de la que, indudablemente, los primeros tributarios serían los jóvenes que se suman, generalmente precarizados, al mercado laboral.

La lucha económica que se verifica en las paritarias, y que horadó los topes salariales fijados a dedo, integra otra más amplia y abarcativa: la de la redistribución del ingreso para terminar con la concentración y extranjerización de la riqueza en la Argentina.

Esa disputa está estrechamente ligada con el reconocimiento de las nuevas organizaciones que los trabajadores se han ido dando durante la resistencia al neoliberalismo. El ADN de la CTA es el fiel reflejo de muchas de esas experiencias superadoras.