"Los trabajadores de la CTA no solidarizamos con los reclamos de los pueblos originarios por el cumplimiento de sus derechos históricos", sostiene el comunicado que lleva la firma de Hugo Yasky y Pedro Wasiejko, secretario general y adjunto respectivamente.

En el comunicado de prensa se exigió que "no se criminalice la protesta social de los pueblos originarios en reclamo de sus tierras ancestrales".

En otro de los párrafos pide "el cumplimiento de la Ley 26.160, prorrogada por la Ley 26.554 que prohibe el desalojo de territorios ocupados por las comunidades indígenas; así como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la declaración de los derecghos indígenas de las naciones Unidas".

Los dirigentes además demandaron "el esclarecimiento de los asesinatos y de las circunstancias en que se produjeron; el juicio y castigo a los responsables intelectuales, materiales y políticos; y la urgente intervención del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos nacionales".