De la presentación que se realizó este mediodía en la Sala Emilio Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos participaron Estela Díaz, coordinadora del CEMYT; la Subsecretaria de Promoción de Derechos, Marita Perceval; el Subsecretario de Relaciones laborales, Alvaro Ruiz; la Presidenta de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, Olga Hammar; el Secretario General y Adjunto de la CTA, Hugo Yasky y Pedro Wasiejko y el diputado nacional Ariel Basteiro, entre otros.

Según el estudio, que toma como base datos de la Encuesta Permanente de Hogares y presenta un cruce propio, el trabajo doméstico es una ocupación que concentra un número importante de mujeres: en el segundo trimestre del 2010 representaba al 17,8 % del total de mujeres ocupadas y el 22 % del total de asalariadas de todo el país. La relación del trabajo doméstico y el nivel educativo, la posición en el hogar de las mujeres ocupadas en este sector, la estructura etárea, sus jornadas laborales, la forma de inserción y la procedencia son algunos de los datos sobre los que se trabaja en el informe. Y, a partir de la caracterización del sector, elabora una serie de propuestas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, en su mayoría mujeres, que se desempeñan en el trabajo del servicio doméstico.

La necesidad de sancionar una nueva ley que reemplace al Decreto 326 que actualmente regula la actividad y fue promulgado durante la dictadura en 1956 y que representa un apartamiento de esta actividad de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula las relaciones del trabajo de sector privado, fue uno de los ejes de las exposiciones. “Es una de las grandes deudas de la democracia”, señalaron en el encuentro.

Marita Perceval, encargada de la apertura del encuentro, fue la primera en destacar la necesidad de sancionar una nueva ley. “Hay más de 1.200.000 mujeres con un altísimo porcentaje de jefas de hogar que no tienen derecho a vacaciones pagas, al aguinaldo, a enfermarse, a tener un hijo porque no pueden pedir licencias. Es decir, no tienen derechos”. En este sentido, destacó el pedido que realizó al Ministerio de Trabajo para trabajar en el proyecto en términos de derechos humanos.

Estela Díaz, coordinadora del CEMYT, explicó que el trabajo elaborado se propone no sólo brindar una mirada analítica sobre el sector sino también, como centro que es parte de una central de trabajadores como la CTA, discutir cómo se favorece la organización, la participación y la sindicalización de las trabajadoras. “Este es el gran desafío que tenemos porque las leyes son importantísimas pero sabemos que para que se cumplan debe haber una conciencia respecto a los derechos que estas leyes representan y esto lo deben asumir como protagonistas cada una de las trabajadoras del sector que van haciendo suyo este derecho”.

Díaz reconoció los avances que hubieron desde el 2006 en adelante y que permitieron, entre otras cosas, la formalización de un importante número de trabajadoras. Sin embargo, señaló que “estas medidas no alcanzan”, porque los niveles de informalidad siguen siendo altísimos". En este sentido destacó el Proyecto de Ley enviado por parte del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación y presentó una serie de propuestas para incluir en la reglamentación de la normativa. La necesidad de establecer una libreta de trabajo doméstico para contemplar la situación de una gran cantidad de mujeres que prestan sus servicios a más de un empleador, el establecimiento de espacios de cuidado infantil, la profesionalización del trabajo, favorecer el desarrollo de cooperativas de mujeres que ofrezcan el servicio no de manera individual, la promoción de la terminalidad educativa, la organización de campañas de sindicalización y el establecimiento de la negociación colectiva para el conjunto de los/las trabajadores/as del sector son algunos de los puntos desarrollados en el estudio y que fueron presentados en el marco del encuentro.

Álvaro Ruiz, uno de los autores del proyecto enviado por el Gobierno al Congreso de la Nación señaló que la normativa hoy vigente “puede ser tildada de inconstitucional” y manifestó que “la legislación debe alcanzar niveles razonables de protección que estén a tono con dos reformas constitucionales de 1957 y 1994 porque la legislación que hoy tenemos vigente en el estatuto del servicio doméstico es anterior a ambas, es decir, que no incorpora el concepto de derecho social”.

Por su parte, Pedro Wasiejko, destacó la importancia del debate “en una sociedad que está teniendo profundas transformaciones. A pesar de la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo desde hace muchas décadas, este tema siempre ha quedado como un resabio del feudalismo anidando entre la servidumbre y el avance muy lento de los derechos de los trabajadores en el ámbito de los domicilios. Es importante que esta propuesta sirva para empezar a abrir la discusión sobre la necesidad, en el mundo de hoy, con los avances que hay en el campo laboral, que los niveles de productividad que nuestra sociedad pueda alcanzar también dependen fundamentalmente de una integración muy clara al mundo del trabajo de todo lo que está relacionado con el trabajo doméstico, el remunerado y el no remunerado. Hoy es imposible pensar que los sectores profesionales y los que están ligados de alguna manera a la elite económica, productiva, científica de nuestro país puedan desarrollar su actividad en plenitud y con eficiencia sin contemplar este aspecto”.

Hugo Yasky destacó la iniciativa que tiene que convertirse en ley y el esfuerzo que debe llevarse adelante “como Central de Trabajadores de construir la identidad colectiva, que es el paso inevitable en términos culturales para que un colectivo se constituya como sujeto de derechos”. “Hay muchas compañeras que son afiliadas individuales a la CTA y que militan incluso en organizaciones sociales y que son trabajadoras en casas particulares. Para ellas ese trabajo no es todavía motivo de una construcción organizativa y de identidad en términos de la estructura como clase trabajadora. En ese sentido hay un enorme esfuerzo para hacer. Es más fácil lograr la sanción de la ley que lograr una construcción de esta identidad de clase, pero una cosa y la otra interactúan. Es difícil constituir ese sujeto. Pero tenemos que construir esa identidad para que se convierta en un sujeto de derechos”, indicó.