
A comienzos de diciembre de 2010 el Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) comunicó su decisión de despedir inexplicada e injustificadamente a 8 de sus empleados.
Este Organismo dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, dispone de un plantel de casi 400 trabajadores, de los cuales el 50% está contratado en forma precaria para realizar actividades permanentes y es uno de los mayores empleadores “en negro” en relación con los empleados de planta, dentro del Estado Nacional.
Las autoridades del organismo se encerraron en una feroz negativa a entablar conversaciones con los despedidos y sus dirigentes, lo que obligó a una serie de intensas acciones gremiales que condujeron a la citación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación a entablar un diálogo y al posterior dictado de la conciliación obligatoria el 21 de diciembre. Situación esta, que permitiría encontrar caminos para la reincorporación de los despedidos y el inicio de un proceso de blanqueo del empleo precario y el pase a planta de la totalidad de los contratados, si se contara con predisposición de las autoridades.
El conflicto está dirigido por la Asociación de Trabajadores del Estado y por la Asociación de Profesionales de la Actividad Nuclear y cuenta además con el respaldo de la CTA y de numerosas organizaciones gremiales y políticas.
La ARN, es un ente público creado a fines de 1994 durante el menemismo, para fortalecer las privatizaciones de la producción de bienes y servicios en manos de la CNEA, debía encargarse de dar garantías a los eventuales propietarios privados que el Estado Nacional se encargaría de la vigilancia y respaldo de la seguridad de las instalaciones privatizadas. Actualmente controla unos 1800 usuarios de material radiactivo y nuclear o generador de radiaciones, entre ellos las centrales nucleares, los reactores experimentales, las minas de uranio, fábricas de combustibles nucleares, centros de investigación, institutos médicos, etc. Originariamente era conducida por un Directorio de 6 personas, un decreto de necesidad y urgencia a fines del gobierno de De la Rua, lo redujo a tres. Actualmente al Directorio sólo lo integran 2 personas, el presidente Francisco Spano (quién era vice-presidente desde inicios del gobierno de Duhalde) y su vice Elena Maceiras.
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