La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) de esa seccional denunció ayer que se aplicó una “arbitraria sanción” en perjuicio de tres trabajadores del Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR), Omar Díaz, Mauro Perrota y Marcelo Sosa. Esta medida fue tomada por la Dirección Provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal “por los hechos ocurridos el 3 de enero pasado, cuando se produjo una de las tantas fugas de menores en dicho establecimiento”. “Cabe aclarar -recordaron desde ATE Rosario- que esta Dirección no cuenta ni con estructura orgánica ni con categorización del personal”.
A fin de diciembre de 2005 el Ministerio de Gobierno intervino por 60 días el IRAR, que quedó a cargo por ese lapso del director provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal, Sergio Druetta. Desde el gremio calificaron la actuación de la intervención como “una verdadera caza de brujas”, rechazaron la suspensión impuesta a los trabajadores realizada “con un evidente grado de falsedad” y, por último, se declararon en estado de alerta y movilización. Mañana, a las 10, en las escalinatas de la sede del Gobierno Provincial, Santa Fe 1950, se realizará una conferencia de prensa.