La disputa de los gremios estatales con el Gobierno de la Provincia de Córdoba por el manejo del ex IPAM, convertido hoy en la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), tuvo la semana pasada un nuevo capítulo, esta vez en ámbitos de la Justicia. Representantes de sindicatos estatales enrolados en la CTA acudieron al Palacio de Tribunales para presentar un recurso legal ante el Tribunal Superior de Justicia en contra de la ley que transformó al ex IPAM, y que, entre otras cosas, fijó una suba de aportes de empleados y jubilados a la obra social.
La presentación consistió en un pedido para que se declare la nulidad de la ley por considerar que atenta contra la Constitución provincial y por entender que es “totalmente dependiente del Ejecutivo provincial”. Carlos Belloti, abogado de los gremios que encabezaron la presentación, precisó que iniciaron un recurso anticonstitucional al Tribunal Superior para que se declare la nulidad de la ley 9.277 en general, y en particular de los artículos 1, 2, 6 inciso b, 15, 21, 39, 42, 43 y 54.