La Comisión Popular por la Recuperación del Agua, integrada por la CTA junto a otras organizaciones sociales, sindicales y vecinales, encabezó ayer por la tarde una nutrida movilización hacia la Legislatura Provincial para repudiar a los legisladores de la oficialista Unión por Córdoba por haber sancionado el 28 de diciembre pasado la ley que le renovó hasta el 2027 el contrato de concesión del servicio de agua potable de la ciudad de Córdoba a la empresa trasnacional Suez-Aguas Cordobesas. La protesta también sirvió para repudiar el “tarifazo” dispuesto por la concesionaria que estipulaba aumentos de hasta el 500 por ciento y que, por la presión social, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), suspendió por 90 días.
El secretario general del Sindicato de Personal de Obras Sanitarias (Sipos-CTA), Luis Bazán, expresó que denunciará ante el IV Foro Mundial de Agua, a realizarse en México el 15 del corriente, “una serie de irregularidades” en el proceso de privatización del servicio del agua potable en Córdoba, como que “Aguas Cordobesas, con la renegociación del contrato hasta el 2027, obtuvo un beneficio de 500 millones de pesos”.