El Congreso de la Nación otorgó ayer, con un trámite veloz en ambas Cámaras, una nueva prórroga para los desalojos y las ejecuciones de viviendas de los deudores hipotecarios. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los bloques impidió discutir una ley que reforme el fondo fiduciario creado para asistir a los deudores y que fue blanco de múltiples críticas. Los legisladores cuestionaron a los jueces que permitieron seguir adelante con los remates a pesar de las suspensiones.
La prórroga aprobada es por otros 90 días y abarca a las viviendas únicas y familiares de valor inferior a los 100 mil pesos con créditos tomados durante la convertibilidad. Sólo están alcanzados aquellos deudores que puedan entrar al fondo fiduciario de la ley 25.798. Además, se estira el plazo para que puedan ingresar más deudores al fondo. La nueva extensión se contará desde el 6 de marzo último, cuando venció la suspensión anterior de 120 días. La ley implementó un Sistema de Refinanciación Hipotecaria mediante un fondo fiduciario (administrado por el Banco Nación), obligatorio para los acreedores privados pero optativo para los bancos. Esto fue declarado inconstitucional por varios jueces, lo cual permite seguir con los remates.