En una conferencia de prensa realizada en la CTA Córdoba, dieron a conocer un documento que da cuenta de la persecución que vienen sufriendo dirigentes, militantes, activistas sindicales y miembros de organizaciones sociales y políticas que luchan en contra de las políticas del modelo de exclusión social imperante.

Oscar Mengarelli, secretario general de ATE, denunció que en Córdoba se ha instrumentado una política destinada a coartar el derecho a la protesta. Traslados compulsivos, cambios de sección o de las condiciones laborales, son algunos de los mecanismos que desde el poder político se aplican para disciplinar al resto. “La idea es constituir una mesa permanente que trabaje en coordinación con otras organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Porque además de la judicialización de la protesta social, también están las víctimas del gatillo fácil y las detenciones por portación de cara, expresó el dirigente”.

Por su parte el diputado nacional Eduardo García, quien se encuentra procesado por haber participado en una protesta vecinal, dijo: “Debemos ver la magnitud del proceso y conocer cuántos cordobeses procesados hay en los últimos años”. Recordó que entre ellos se cuentan vecinos del interior que participaron en las luchas contra el peaje, los que se oponen a un modelo de urbanización sin consenso social y los más de 800 procesados por tenencia de estupefacientes para consumo personal.

En lo inmediato, la comisión está trabajando en la reunión de firmas que acompañarán la presentación del proyecto de ley de Amnistía o Desprocesamiento de los luchadores populares. Finalmente invitan a la sociedad a realizar denuncias y a participar en las reuniones que se realizan todos los martes a las 18 horas en el local de la CTA, ubicado en Balcarce 523.

Participaron de la conferencia de prensa: Oscar Mengarelli ( ATE- CTA), Esteban Torletti de la Ex Clínica Junín, Daniel Baéz del Movimiento Teresa Vive, Liliana Olivero, legisladora de Izquierda Unida.

El Documento

En el marco de la Campaña Nacional por la Amnistía o Desprocesamiento a los Luchadores Populares, un conjunto de entidades y organizaciones de Córdoba, se autoconvocan ante los crecientes hechos de judicialización de la protesta social que se expresan:

En procesos abiertos ante la Justicia a dirigentes gremiales, estudiantiles, políticos y militantes sociales en demanda de derechos elementales como trabajo, comida, vivienda, salud, educación y seguridad que afecta principalmente a las familias del ejército de trabajadores sin empleo; en la apertura de sumarios administrativos, traslados compulsivos y persecución ideológica contra trabajadores que se movilizan por mejores condiciones laborales y salariales; en la violación de Convenios Internacionales y Leyes Laborales referidos a la libertad sindical.

Estos hechos se dan en un contexto donde es fácil percibir un accionar represivo, dirigido contra los sectores más vulnerables y necesitados de la Comunidad, por una Justicia provincial y federal que es blanda con los poderosos y fuerte con los más débiles.

En Córdoba tiene clara manifestación el accionar de una política de Seguridad donde prevalecen condiciones inhumanas de detención de menores y la aplicación de un Código de Faltas, de claros rasgos autoritarios, a los jóvenes de los barrios el cual profundiza la violación de derechos y garantías constitucionales y tratados internacionales, rebelando la ausencia de políticas de Estado protectoras de los sectores más vulnerables y necesitados con lo que resulta una criminalización de la pobreza.