En la oportunidad, las organizaciones convocantes ratificaron su posición pública de rechazo al sistema prestacional actual basado en el gerenciamiento privado y la política unilateral y arbitraria del gobierno aplicada en la obra social, reiterando la propuesta de que sean los trabajadores activos y pasivos, los que gobiernen y administren el IPAM, eligiendo sus representantes de manera democrática por elección directa.

Remarcaron también que mientras el Gobierno nacional avanza en la eliminación del gerenciamiento privado del PAMI por su fracaso y descomunal corrupción, el gobierno de José Manuel de la Sota hace todo lo contrario, por ello convocaron a la movilización y al compromiso colectivo para revertir esta situación que afecta la salud de más de 450 mil afiliados al IPAM.

El secretario general de la CTA Villa María, Camilo Rodríguez, convocó a adoptar medidas de acción directa en defensa del IPAM y propuso articular la realización de “cortes de rutas en las principales ciudades de la provincia de Córdoba”. Y enfatizó: “Esto no tiene vuelta atrás porque lo que acá está en juego es la salud de la gente y como el gobierno hace su propio negocio hay que hacerle sentir la presión de nuestros reclamos”.

Rodríguez llamó a la unidad de todos los gremios de Córdoba e hizo una autocrítica al manifestar: “todos somos responsables de esta situación empezando por los dirigentes, porque muchas veces no hemos estado a la altura de las circunstancias para defenderla”.

Luego comentó la dramática situación que viven los enfermos de cáncer en el interior de la provincia de Córdoba. “Les han cortado los tratamientos hasta que se solucione el tema de las farmacias, mientras tanto se van muriendo sin ningún tipo de asistencia”.

El secretario general de los municipales de Córdoba, Rubén Daniele, denunció que “el gobierno provincial le debe al IPAM más de 271 millones pesos cuando el presupuesto anual de la obra social es de 214 millones de pesos”.

Exigió a De la Sota que “inmediatamente decrete la emergencia sanitaria en toda la provincia porque este sistema perverso de salud no va más. Las clínicas y las gerenciadoras, que en muchos casos son de los mismos dueños, se están enriqueciendo a costa de la salud de nuestras familias”, señaló en su enfática alocución.

Luego de una detallada descripción de cómo funciona el circuito de “nuestro dinero” en poder de las gerenciadoras, Daniele invitó a comprobar “como crecen los edificios de los prestadores con el dinero del IPAM que les paga la cápita y para atender una consulta externa demoran casi cincuenta días”.

A su turno Claudio Recio, secretario general de ATE Córdoba, afirmó que “al IPAM habría que declararlo monumento a la desidia, a la corrupción y a la muerte” y criticó con dureza a los fiscales “porque en lugar de preocuparse por un tema tan delicado como la salud de la población están entretenidos tratando de resolver el caso de la tenencia del loro “Paquito”.

El secretario adjunto de la CTA provincial y titular del gremio de los judiciales, Martín Carabajal, afirmó que “vamos a exigir que se adopten medidas inmediatas a los fines de garantizar la prestación del servicio a todos los trabajadores, tanto de capital como del interior, que todavía están sufriendo por la falta de provisión de medicamentos y el cobro del plus en clínicas que están afiliadas al IPAM”. Destacó igualmente que “el IPAM debe volver a manos de sus dueños, los trabajadores, y romper con el perverso sistema de gerenciamiento”.

Por su parte, el dirigente vial Luis Bazán expresó que “los prestadores tienen nombre y apellido, son los Jaimovich, los Cisneros, que en definitiva también son los dueños de las gerenciadoras y los responsables de este sistema perverso cuyo responsable máximo es el gobernador José Manuel de la Sota”. Agradeció la presencia solidaria de los trabajadores desocupados y llamó a imitar la política que lleva adelante el PAMI y a seguir movilizándose hasta “sacar a los usurpadores”.

En el acto estuvieron presentes la CTA-Regional Córdoba, el Sindicato Unido de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Vial Córdoba (SIVIALCO), la Unión Obrera Gráfica Cordobesa (UOGC), el Sindicato de Personal de Obras Sanitarias (Sipos), el Sindicato de Empleados de la Legislatura de Córdoba (SELC), Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y Trabajadores de la ex Clínica Junín, entre otras organizaciones. También asistieron delegaciones de los sindicatos municipales de Villa María, San Francisco y Arroyito y representantes del Bloque Piquetero.