Quince defensores del Pueblo de todo el país, acaban de dar a conocer un listado con los principales derechos de personas con discapacidad que son vulnerados, en lo que constituye un verdadero catálogo de la vergüenza: el acceso a los edificios, ámbitos públicos y lugares privados de esparcimiento sigue siendo una deuda; no se garantiza la circulación gratuita de las personas con discapacidad en el transporte público terrestre; es elevado el incumplimiento de las normas constitucionales que garantizan un cupo laboral para las personas con discapacidad en los organismos nacionales; falta de políticas públicas; existe un alto incumplimiento de la Ley 22.431 que fija el Sistema de Protección Integral; los defensores exhortaron al Servicio Nacional de Rehabilitación Social para que modifique los criterios de obtención del Certificado Unico de Discapacidad en los casos permanentes e irreversibles; exigieron mejoras en las barreras lingüísticas; por último, los ombudsman de todo el país opinaron que es innegable la necesidad de crear nuevos centros educativos para las personas con Necesidades Educativas Especiales. Dijeron que la oferta es escasa.