La Comisión de Participación Indígena (CPI) -órgano consultivo integrado por representantes de las comunidades aborígenes del Programa de Regularización y Entrega de Tierras a los Pueblos originarios de Jujuy- celebró el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, que condena al Estado Provincial a entregar en un plazo de 15 meses las tierras en propiedad según el nuevo derecho, a las comunidades indígenas de Quebrada, Puna y Ramal; y confirma disposiciones del Convenio 169 de la OIT, por el cual el Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas en aquellos asuntos en los que se encuentren involucrados, como gestión de recursos naturales, explotación económica en sus territorios y temas ambientales.
El fallo constituye un hecho histórico para los pueblos indígenas, ya que es el primero que emite disposiciones generales para efectivizar la entrega de las tierras a las comunidades, a quienes reconoce como sujetos de derecho colectivo y como actores fundamentales en el proceso de definición de políticas públicas orientadas a cumplir con el marco jurídico que tutela sus derechos.