En el marco de las movilizaciones que se realizaron en todo el país contra la penalización de la protesta, los dirigentes de la Central Entre Ríos se concentraron frente a Tribunales; en tal sentido, Edgardo Massarotti, secretario general de ATE y Marta Mádoz, titular de AGMER, lamentaron la situación por la que están atravesando más de cinco mil luchadores sociales de todo el país, quienes fueron procesados “por haber salido a las calles”, y repudiaron que siete compañeros de esta provincia también estén en esa situación.

La secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Marta Madoz, señaló que el motivo de la protesta está vinculado a “todas las causas judiciales en la que se ha procesado a dirigentes sindicales y sociales que exigían por sus derechos”. “Por haber salido a las calles se han procesado a varios dirigentes de la CTA Neuquén, de esta provincia y de varios puntos del país”, sostuvo la docente.

Por su parte, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Edgardo Massarotti, expresó que en Entre Ríos “hay siete compañeros que están en esta situación”, y consideró que “pese a los graves momentos vividos en la provincia, la conflictividad social no asumió virulencias terribles”. Para Massarotti, “la protesta no puede criminalizarse” y, en tal sentido, hizo referencia al Código Contravencional que se está discutiendo en la ciudad de Buenos Aires, que “se preocupa más por poner límites a las protesta de los piqueteros que a los ladrones de guante blanco que quebrantan el Estado”, por lo que dijo que espera que la Legislatura Provincial “se exprese y haga una declaración en este sentido”.

Petitorios

“Este enjuiciamiento a los seis dirigentes de nuestra Central no es más que el despliegue de las políticas represivas y de persecución a quienes se oponen a los negociados de los grupos económicos que no quieren perder sus privilegios”; indica CTA Entre Ríos en su documento. “A raíz de esta política, en nuestro país tenemos más de 5 mil compañeros procesados por enfrentar las injusticias del neoliberalismo, pero además en los últimos tiempos se ha profundizado la persecución y represión a dirigentes sindicales, sociales y al conjunto de los luchadores en toda la Argentina”.

En Entre Ríos, observa la CTA, “la gestión del ex gobernador Montiel actuó en consonancia con esta política represiva de los reclamos populares, cuando sufrimos día a día el deterioro de nuestros salarios con la aparición de los bonos federales, fue un momento en que los sistemas de salud, educación y justicia, entraron en colapso y la economía se desquició”.

En tanto, a través del proyecto de Resolución elevado por la CTA a la Legislatura entrerriana, se solicita al Poder Ejecutivo de la provincia que “inste a los legisladores nacionales de la provincia al pronto tratamiento de los proyectos de Ley contra la criminalización de la protesta social, con la finalidad de obtener el pronto desprocesamiento de los compañeros trabajadores y ciudadanos entrerrianos cuyas causas se han originado en hechos ocurridos en defensa de sus derechos”.

En Concordia

La CTA Concordia también se movilizó ayer hasta Tribunales, donde se entregó un documento exigiendo el desprocesamiento de militantes de todo el país, especialmente el de José Figueredo, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado e integrante de la conducción provincial de la CTA Entre Ríos, actualmente procesado por defender los derechos de los trabajadores municipales.

A las 10 de la mañana comenzó la concentración en la sede local de la Central, desde donde marcharon por las calles céntricas hasta Tribunales. Participaron de la movilización militantes de las distintas organizaciones de la Central, junto a referentes de distintos espacios políticos y representantes del Movimiento Territorial de Liberación (MTL).

En un documento entregado por la CTA a los integrantes del Poder Judicial, los trabajadores expresaron que “no es posible que el compañero Figueredo, dirigente de la CTA provincial, siga siendo el único procesado y no es posible que se lo siga manteniendo bajo las mismas condiciones ante la Justicia que a los saqueadores y a los que resisten el saqueo. Hoy aquí, como en distintas parte del país venimos a reclamar el desprocesamiento de los más de 5.000 compañeros porque entendemos que la Justicia debe dejar de operar de garante de un minúsculo sector de la sociedad que reclama palos y cárcel para los que reclaman por vivir en un mundo mejor. Porque entendemos que la Justicia debe funcionar en beneficio del conjunto de la sociedad y no como mero instrumento que protege a los que se enriquecieron a costa de la marginación y la pobreza de millones de argentinos”.