Las cifras del aborto en Argentina hablan de una problemática que no puede esperar. En el país se producen entre 350.000 y 500.000 abortos por año. Son más de 400 las mujeres que mueren, mientras otras 15.000 sufren graves secuelas por causa de esos abortos clandestinos.

Frente a esta realidad entendemos que cualquier posición dogmática, especialmente cuando se trata de temas controvertidos, no ayuda a la sana convivencia democrática en una sociedad plural y tolerante en materia religiosa, racial, de orientación sexual, de género o clase. Ni ayuda a abordar con soluciones concretas una problemática que afecta la vida y la salud de miles de mujeres.

En la mayoría de los países del mundo el aborto es legal, y en un porcentaje muy grande, se lo considera inevitable y necesario en determinadas situaciones: peligro de vida para la madre, malformaciones incompatibles con la vida, algunos tipos de violaciones, etc. Solo en pocos países el aborto no se contempla en ninguna situación. La legislación de nuestro país contempla las situaciones de excepción descriptas, pero las interpretaciones de gran número de jueces nos colocan en la vidriera de los países mas retrógrados.

La división entre pro abortistas y anti abortistas es falsa. Siempre el aborto es una situación límite, a la que se llega por múltiples razones derivadas de fallas anticonceptivas, de muy diversa índole. Su legalización es un requerimiento inobjetable de igualación de posibilidades para todas las mujeres, en particular aquellas menos protegidas económica y socialmente.

Está bastamente demostrado que no se resuelve ni disminuye la problemática del aborto con penalización. Su despenalización es parte del camino hacia una mayor democratización de la salud pública.

El Estado, en su rol de garante del bien común debe facilitar los medios en cantidad y calidad, como para que la decisión del aborto, no conlleve las tragedias derivadas de la clandestinidad y la pobreza. Quien por razones religiosas o morales no lo considere una práctica posible o necesaria, no tiene ninguna obligación al respecto.

Es por todo ello que propiciamos la plena vigencia de los Derechos Sexuales y Reproductivos, contemplados en los Tratados Internacionales incorporados a nuestra Constitución y en los compromisos asumidos en las Conferencias de El Cairo y Beijing. Lo que implica la educación sexual en todos los niveles de la enseñanza pública y privada, con contenidos curriculares universales; la plena vigencia e implementación del programa de salud sexual y reproductiva, con participación y control social y la despenalización del aborto como aspecto de una política universal y laica, como el más eficaz criterio para ampliar y mejorar la salud de nuestro pueblo y especialmente la de las mujeres.