
Por María Lapasset, CTA Salta. El gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, está tejiendo un negocio millonario con el transporte público de pasajeros. Los trabajadores se organizan y resisten.

El transporte urbano en la ciudad de Salta está en manos de 12 empresas que brindan un servicio deficiente y caro. Con el argumento de “modernizar y mejorar la calidad del servicio, y tener un transporte eficiente, rápido y cómodo” el Gobierno provincial impulsa un proyecto de creación de una empresa única para el área metropolitana de Salta: Sociedad Anónima Estatal de Transporte (SAETA).
Desde hace varias semanas el diario local El Tribuno, propiedad de la familia del gobernador, lleva adelante una campaña de desinformación encomiando las bondades del nuevo sistema.
En esencia, el proyecto consiste en la creación de una única empresa con capital mayoritario estatal que va a comprar una flota de 200 colectivos nuevos y modernos, mediante un préstamo de 50 millones de pesos que aportaría el Banco Macro Bansud. Hasta aquí podríamos concordar con la iniciativa, aunque los protagonistas nos llamen a la desconfianza: ¿Romero estatizando? ¿El Banco Macro generoso?
Analizando por fuera de la información de El Tribuno, surgen otros datos: una cláusula del proyecto permite que las acciones del Estado sean vendidas a privados sin límite; el proyecto original nada dice sobre la absorción de los trabajadores por la nueva empresa, aunque verbalmente se han hecho muchas promesas; no consta un estudio de costos creíble; en el mercado no existen 200 colectivos nuevos, por lo que es probable que la nueva empresa compre los viejos colectivos que se rematen por quiebra de las pequeñas empresas actuales.
Según palabras de Vuenaventura David, secretario general de la CTA Salta, “es seguro que en los hechos va a significar más de lo mismo que vivimos durante toda la década romerista: el Estado invierte para ‘mejorar’ un servicio que luego pasa a manos privadas, y en el camino quedan los trabajadores en la calle o con sueldos reducidos y el servicio peor y más caro que antes”.
Hace un mes atrás nació un nuevo sindicato de los choferes en Salta: la filial salteña de la UCRA (Unión de Conductores de la Republica Argentina) enrolada en la CTA, que se conformó en las ideas de libertad y democracia sindical, luego de que la conducción de la UTA avaló la exclusión de la tutela sindical. En su corta vida, se han afiliado a la UCRA más de 500 choferes, han presentado la comisión Provisoria ante el Ministerio de Trabajo, han firmado el convenio con la Obra Social y se preparan para las elecciones a realizarse el 22 de noviembre. Este ejercicio no fue bien visto, fueron amenazados y recientemente golpeados por la policía. ¡Mucho para un mes de vida!
“Ahora estamos abocados a defender nuestra fuente de trabajo de esta nueva embestida del gobierno -comenta Elio Retambay, secretario general de la UCRA- Nos preocupa que no tenemos garantías de que respeten las promesas, y aunque las respeten muchos de nuestros compañeros pueden ser rechazados en el examen psico-físico, el 30% son mayores de 45 años. Y también nos preocupa que nada se dice de los servicios gratuitos para discapacitados ni del boleto estudiantil”
Paralelamente los remiseros (salida laboral de muchos ex trabajadores estatales incluyendo a profesionales) están organizando su sindicato urgidos por la necesidad de enfrentar la amenaza de quedar nuevamente sin trabajo si avanza el proyecto de la empresa de transporte de Romero. También ellos se están organizando dentro de la CTA.
El pasado 5 de octubre el proyecto del nuevo sistema de transporte fue tratado en la Cámara de Diputados. Los gremios de la UCRA y los remiseros, acompañados por la CTA y numerosas organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles (los estudiantes también ven amenazado su boleto), se dieron cita en la Legislatura para exigir que no se aprobara la ley de creación del nuevo sistema de transporte.
La respuesta vino a través de la policía que reprimió ferozmente a los manifestantes; como resultado hubo numerosos heridos por balas de goma y golpes, cinco de los cuales debieron ser atendidos en el Hospital San Bernardo, entre ellos 2 miembros de conducción de la UCRA. Entre los agredidos por la policía estaba un diputado provincial por el Partido Obrero, que ha denunciado haber sido golpeado por el jefe del operativo policial.
A pesar de la propuesta de los diputados de la oposición para que la sesión pasara a cuarto intermedio y se requiriera el informe de los responsables de la represión, la sesión continuó con la sola presencia de los diputados justicialistas (renovadores, Unidos por Salta y PO se retiraron) y se dio media sanción al proyecto de Romero. Los senadores, con mayoría absoluta justicialista en la Cámara, se aprestan a levantar obedientemente su mano.
“Si estuviéramos en un sistema verdaderamente democrático y nos dieran la oportunidad de opinar, nuestra propuesta seria una empresa de transporte estatal -municipal para el transporte urbano- con control de los usuarios y de los trabajadores”, concluyó David.
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