La Central de los Trabajadores Argentinos expresó ayer, a través de un comunicado de prensa, su solidaridad con los trabajadores de la empresa Bridgestone-Firestone y denunció al fiscal Daniel Gualtieri, quien había ordenado el desalojo del sábado, por “defender a la empresa y reprimir a los trabajadores”, violando, según explicaron, un “derecho constitucional como es el de realizar asambleas”.

Ayer, los operarios de dicha fábrica, enrolados en SUTNA-CTA, realizaron presentaciones contra Gualtieri ante los ministerios de Justicia y consejos de la Magistratura de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y se reunieron en el local del sindicato de Llavallol, frente a la fábrica, para resolver qué medidas de acción llevarán adelante en los próximos días.

El pedido de investigación alcanzará también al fiscal general Homero Alonso y se fundamenta en la intervención de la Justicia Penal en un tema circunscripto a la Justicia laboral y bajo la tutela de los ministerios de Trabajo nacional y provincial, quienes ya habían intimado a la empresa, a través de tres resoluciones, para que procediera a la reincorporación de los despedidos.

Burlándose de las leyes argentinas

La asamblea del sábado había sido convocada por los representantes sindicales para informar a todos los operarios de la Bridgestone-Firestone acerca de la actitud de la empresa, la cual sigue desconociendo un acuerdo firmado y homologado por el cual no podía realizar despidos entre su personal.

Pero los directivos de la compañía se obstinan en no cumplir con las leyes argentinas, desconocer el convenio de trabajo firmado con el sindicato en 2001 y no reincorporar a los 94 despedidos. La política laboral implementada por los empresarios no cesó a pesar de las tres resoluciones en contrario que emitió el Ministerio de Trabajo bonaerense y tampoco a la intimación efectuada por su par nacional.

De hecho, numerosas reuniones se desarrollaron desde diciembre del año pasado hasta la fecha, entre los trabajadores, representantes empresariales y las autoridades de los ministerios laborales de Nación y provincia de Buenos Aires. También se realizaron movilizaciones no sólo en las sedes de la empresa o frente a las puertas de organismos oficiales, sino también frente a la Embajada del Japón, para exigir que la empresa de capitales asiáticos cumpla con las leyes argentinas vigentes.

En referencia a lo ocurrido el 4 de septiembre último, mientras los representantes del SUTNA y la CTA se encontraban reunidos con los fiscales intervinientes para informarlos de la situación del conflicto, el fiscal Gualtieri dio la orden a más de 200 efectivos de la Guardia de Infantería, fuertemente armados, de proceder al desalojo y a la incautación de las pertenencias de los trabajadores, que fueron cargadas en una camioneta de la Bridgestone y llevadas al interior de la fábrica, sin permitir a los asesores legales tener acceso al acta de secuestro de los bienes. La medida, tuvo además el consentimiento del fiscal general Homero Alonso.

Nuevas medidas de fuerza

Anoche, los trabajadores de la multinacional japonesa -reunidos en asamblea y apoyados por sus pares de otros sindicatos y organizaciones sociales- decidieron convocar a una movilización para el próximo jueves, a partir de las 16, frente a la entrada de la fábrica, ubicada en la avenida Antártida Argentina 2726, de la ciudad de Llavallol. La convocatoria es para, una vez más, exigir que la empresa respete las leyes y reincorpore a los operarios despedidos sin causa.

Además, resolvieron implementar próximamente nuevas medidas de acción, entre ellas, la convocatoria a un paro de actividades para paralizar la producción.

Ni el justo reclamo de los trabajadores ni las resoluciones ministeriales modificaron la postura de la Bridgestone-Firestone que hace de la violación de las leyes su ley. Tampoco cree en la democracia y en le derecho de los trabajadores a elegir su conducción gremial. La empresa desplegó una política para tratar de interferir en las decisiones gremiales de los trabajadores, ignorando el principio de democracia y libertad sindical, pero los afiliados que participaron del acto electoral demostraron la voluntad y decisión de ejercer la defensa de sus derechos y dieron el triunfo a la Agrupación Unidad y Solidaridad-lista Violeta que reeligió como secretario general al dirigente de la CTA Pedro Wasiejko.

Los trabajadores le dieron en aquellas jornada electoral del 29 y 30 de abril una contundente respuesta a la actitud empresaria y no dejarán de luchar hasta que los 94 operarios de la sucursal Llavallol recuperen sus fuentes de trabajo.