Trabajadores judiciales provenientes de todo el país marcharán mañana, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta la sede de la Junta Federal de Cortes y al Ministerio de Justicia de la Nación, donde exigirán el reestablecimiento del sistema de porcentualidad salarial (relación equitativa y proporcional en la escala salarial), el respeto a la jornada laboral de seis horas y la discusión de convenios colectivos de trabajo para el sector, entre otras reivindicaciones.

La convocatoria, realizada por la FJA, también se propone instalar en el centro del debate público otros temas, como la eliminación del trabajo gratuito y precario que en las Justicia se expresa a través de “meritorios” y “contratados”, la participación de los trabajadores judiciales en los Consejos de la Magistratura (órganos encargados de seleccionar a los jueces) y una profunda reforma del sistema previsional.

“La Justicia no superará la crisis en que está envuelta estableciendo métodos represivos y de explotación a sus trabajadores, sino dignificando la función, respetando la dignidad de los trabajadores y estableciendo derechos y garantías laborales y salariales acordes a las tareas que a diario realizamos”, explicó Jorge Izquierdo, secretario general de la FJA.

El reclamo de los judiciales no se detiene en lo sectorial. “Los trabajadores requerimos también Consejos de la Magistratura con participación de judiciales y de la comunidad, como se establecieron en Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos, donde se democratizó el método de designación de jueces y funcionarios judiciales”, sostiene Víctor Mendibil, secretario gremial de la CTA nacional y co-secretario general de la FJA.

“También exigimos - continúa Mendibil- la vuelta a un sistema de previsión social solidario y la disolución de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que es el legado del gobierno menemista y que ha posibilitado la crisis más profunda que hoy refleja a 1.600.000. trabajadores sin posibilidad cierta de acceder a una jubilación”.

Qué es la JUFEJUS

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias Argentinas (JUFEJUS), uno de los blancos de las protestas de mañana, alberga en su seno a representantes de todas las cortes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien no goza de estatus constitucional, sus decisiones influyen en las políticas que desarrollan los diferentes poderes judiciales. No es parte del Estado, pero la integran jueces de todas las cortes del país que con sus acciones inciden en el funcionamiento y orientación del Poder Judicial.

La JUFEJUS nació en 1994 bajo el estímulo de Rodolfo Barra, ministro de Justicia e integrante de la Corte Suprema diseñada por Carlos Menem, quien apeló a jueces ultraconservadores para parir la criatura.

La creación de la JUFEJUS respondió al modelo de Justicia concebido por el menemismo, quien a través de la entidad incidió en las justicias provinciales e impulsó la reforma judicial ideada por los organismos de crédito para América Latina.

Durante la década del noventa, los cortesanos provinciales fueron funcionales a las necesidades del poder político. Los superiores tribunales de justicia provinciales avalaron al unísono las políticas de ajuste, claramente inconstitucionales, impulsadas por el Poder Ejecutivo nacional y los gobernadores.

La JUFEJUS también fomentó la precarización laboral de quienes trabajan en la Justicia (promoción del trabajo gratuito y precario; eliminación de derechos adquiridos; instauración de criterios productivistas y economicistas en la actividad judicial, etc), convirtiéndose en vocero de las recetas redactadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La entidad siempre tuvo muy buen feeling con los ministros de justicia del menemismo y con los Estados Unidos, fundamentalmente a través de los sectores más conservadores de la Corte de aquel país y de agencia como USAID.

El ex ministro de Justicia menemista, Raúl Granillo Ocampo, hoy investigado por la Justicia, le otorgó un rol preponderante en su Plan Nacional de Reforma Judicial, elaborado en base a las concepciones de los organismos internacionales de crédito.

La caída del menemismo le quitó protagonismo a la JUFEJUS, que hoy pretende recuperar con el ingreso a la entidad de las cortes de la provincia de Buenos Aires y de la Capital. La ausencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (quien siempre vio en la entidad la mano del Poder Ejecutivo Nacional), debilitaba su representatividad e influencia. Su presencia actual, por consiguiente, la fortalece.

Y ahora qué pasa

Después de diez años de funcionar casi como una sociedad secreta, sin hacer públicos sus objetivos ni ambiciones, la Junta Federal de Cortes intenta “blanquear” su imagen. Pretende que se ignore su responsabilidad histórica durante la década del noventa, buscando una nueva imagen que le permita reacomodarse en el nuevo escenario nacional.

La movida federativa se propone desenmascarar esta situación y abrir un amplio debate sobre el futuro de la Justicia, como lo hiciera, junto a la CTA, en diciembre de 2001, cuando la ciudadanía reclamó profundos cambios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un sistema de selección de jueces y fiscales basado en la participación popular.

El desafío de los trabajadores es promover la democratización de los poderes judiciales, tanto en la Nación como en las provincias, para colocar al Poder Judicial al servicio de las mayorías. En este cometido convergen las reivindicaciones sectoriales de quienes trabajan en ella con los anhelos de la mayoría de los argentinos, quienes aspiran a que en los tribunales se imparta, de una vez y para siempre, Justicia para todos.