Por la CTA estuvieron presentes Víctor De Gennaro, secretario general; Víctor Mendibíl, secretario gremial; y Ricardo Peidro, secretario de Derechos Humanos. También participaron Fabio Basteiro, titular de la CTA Capital Federal; el legislador y dirigente de la Central Claudio Lozano; el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, entre otros.

“Ante la reacción popular a los planes de ajuste, reconversión y desmantelamiento del Estado, flexibilidad laboral, financierización de la economía y desindustrialización a ultranza, las autoridades fijaron una política a todas luces represiva. Una gran cantidad de magistrados judiciales instrumentaron en cada movilización social la intervención de las fuerzas de seguridad e imputaron indebidamente a los participantes diferentes delitos contra la libertad, las personas, la propiedad, la seguridad pública y otras figuras”, consideró Ariel Basteiro al presentar el proyecto y agregó: “De esa forma convirtieron un problema político en uno criminal, es decir, criminalizaron la protesta social para acallar por la vía intimidatoria los legítimos reclamos motivados por incumplimientos estatales y privados de deberes fijados en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales ratificados por ella ”.

El artículo 75, inciso 20 de la Constitución otorga al Congreso la facultad de promulgar leyes de extinción penal y de la pena. Haciendo uso de este derecho, con la aprobación de esta norma se extinguirían “la acción penal y la pena respecto de los hechos realizados con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, gremial, cultural, estudiantil, por la vigencia de derechos humanos o en reclamo de condiciones de los pueblos originarios u otras invocaciones conexas, a partir del 1 de febrero de 1991 hasta la sanción de la presente ley”, según figura en el artículo primero del proyecto presentado. “Protestar o peticionar no es un acto delictivo, pero el poder real no quería que saliéramos a defender nuestros derechos”, denunció el legislador socialista y dirigente de la CTA.

Unidad en la lucha

El proyecto para lograr desactivar la criminalización de la protesta social tiene aportes y antecedentes de trabajo de numerosos organismos de derechos humanos, así como de la elaboración del Comité de Acción Jurídica de la CTA. Según estimaciones extraoficiales los procesados e imputados en causas por reivindicaciones sociales rondarían entre 4000 y 7000 casos. Cuestión que se espera releve la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la participación de las organizaciones sociales.

“Sea el 9 o el 10, o cuando se fije, todos debemos marchar como respaldo a esta medida. Desde la CTA estamos comprometidos en esto y trabajamos para que sea lo más amplio posible, impulsando la unidad de todas las organizaciones del campo popular”, consideró Víctor De Gennaro al referirse a la marcha convocada por todos los presentes para el 9 de noviembre como apoyo a la Sesión Especial para el tratamiento del tema.

El amplio y diverso abanico de más de 100 referentes de organizaciones sociales y políticas presentes marcaron la importancia de la iniciativa y la necesidad de unidad del movimiento social. Entre ellos participaron los organismos de derechos humanos como el Pastor De Luca (MEDH); Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo; Alba Lanzilloto y Rosa de Rosinblit de Abuelas de Plaza de Mayo, Víctor Abramovich del CELS, CORREPI, Liberpueblo, Ex Detenidos Desaparecidos, APDH, Hermanos, Correpi), organizaciones sociales (MTL, MIJD, CCC, MTD Aníbal Verón), entre otras organizaciones políticas (PC, MST, Socialismo, ARI) y gremiales. Además estuvieron acompañando Jorge Rivas (PS), Eduardo Macaluse (ARI), Mario Cafiero (Bloque Soberanía Popular), Claudio Lozano (Bloque Emancipación y Justicia), Lucrecia Monteagudo (PI), Eduardo García y Héctor Polino (PS) y Carlos Alberto Tinnirello (AyL), que son algunos de los diputados firmantes y adherentes al proyecto. En la reunión también estaban presentes Hernán Guiran (Puente Pueyrredón), Carlos Tcholakian (Foro Social de Salud), Gabriel Treviño (Facultad de arquitectura) y Pereyra (SUTEBA), procesados por distintas luchas sociales.

Criminalizar la protesta y la pobreza

“Los mismos que militaban por el Estado mínimo en lo que se refería a las prerrogativas del capital y la utilización de la mano de obra, exigen hoy con igual fervor `más Estado’ para enmascarar y contener las consecuencias sociales de la faraónica exclusión, de la inmensa desocupación y la desaparición de la protección social. Los símbolos que se utilizan marcan un significado claro: la necesidad de la penalización de la miseria”, detalló Basteiro.

“No es el discurso de la mano dura y la represión de los medios de comunicación como se resuelven las problamáticas sociales en Argentina”, afirmó Ricardo Peidro.

"La criminalización de la protesta ha llevado a que religiosos, legisladores, integrantes de pueblos originarios, ecologistas, jubilados, trabajadores y desocupados fueran procesados por reclamar por el cumplimiento de sus derechos. Es necesario adecuar el Código de Procesamiento Penal a las nuevas circunstancias que vive el país. Los procesos políticos son dinámicos y la legislación debe contemplar las demandas y necesidades sociales", puntualizó el aeronáutico Ariel Basteiro.