La CTA de Río Cuarto reclamó que el secretario de Seguridad provincial, Alberto Bertea, un abogado oriundo de esa ciudad del sur cordobés, "sea removido de su cargo" debido a las presiones y a los actos de discriminación ejercidos sobre una oficial de la Policía provincial que recientemente -en virtud de un análisis de ADN- tomó conocimiento de que es hija de un matrimonio desaparecido durante la última dictadura militar. "Es inadmisible que un funcionario de un gobierno democrático prosiga en su cargo luego de perpetrar actos aberrantes violatorios de elementales derechos humanos", afirma un comunicado de prensa suscripto por Héctor Giuliani, secretario de Derechos Humanos de la CTA riocuartense. El caso, que tuvo amplia repercusión en los medios de comunicación, derivó en un alto impacto emocional, afectivo y psicológico de la mujer que le produjo una serie de trastornos, entre otros, el de empuñar el arma reglamentaria para "patrullar" en las calles de la ciudad de Córdoba.